Dirigente de Aysén revela la existencia de aproximadamente 40% de concesiones salmoneras sin ser usadas, salvo con fines especulativos y por lo tanto sin dar empleo.
Se le dio especialmente importancia al tema de las embarcaciones del Bíobío, que están hace bastante tiempo pescando en zonas contiguas a las de La Araucanía.
El principal recurso incautado fue reineta, seguida de merluza austral, cholgas y almejas. La merluza austral es considerada una pesquería estratégica, por ser sustento de miles de pescadores artesanales y estar en condición de sobreexplotada.
Desde Sernapesca agradecieron a la comunidad que denuncia la pesca furtiva con datos certeros, pues de esa forma contribuyen al resguardo de especies hidrobiológicas y la sustentabilidad de la pesca recreativa.
Una de las medidas implementadas en sectores alejados de las oficinas de Sernapesca, fue establecer la mensajería para poder entregar información normativa, asesorar sobre la declaración de extracción de recursos, entre otros.
A través de un operativo de control de Sernapesca y Carabineros, se logró la incautación de recursos pesqueros en categoría de sobreexplotados que se encontraban en un vehículo, donde el conductor no contaba con la acreditación del origen legal de la pesca.
Durante la veda de la corvina queda prohibida su extracción, comercialización, transporte y almacenamiento La fiscalización estará a cargo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
La especie salmonidea está en periodo de veda en los cuerpos de agua de la región. Aunque actualmente se permite la pesca recreativa, esta solo puede ser del salmón chinook y exclusivamente en la cuenca del río Toltén.
En un Día de Campo impulsado por el PTI Araucanía Frutícola de Corfo, 27 agricultores conocieron en terreno el funcionamiento de uno de los mayores huertos de frambuesas mecanizadas del sur de Chile, fortaleciendo la transferencia tecnológica y el trabajo colaborativo para mejorar la competitividad del sector.
A raíz de las irregularidades detectadas por Contraloría, Rodrigo Garrido confirmó que no cumplen con las disposiciones de la Superintendencia de Educación.
La empresa recibió además otros $735 millones para elaborar un software. Garrido hoy está imputado por tráfico de influencias tras pedir casi $200 millones para una fundación.
A través de un comunicado de rectoría, Juan Manuel Fierro advirtió a los funcionarios que se aplicará la normativa ante distintos casos, lo que fue interpretado como intimidatorio.