Aucán Huilcamán dice que ley Antiterrorista es la legalización de la "Operación Huracán"
El líder mapuche y encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcamán, se refirió a la reciente aprobación de la ley Antiterrorista, la cual entrega una serie de herramientas intrusivas a las policías, las que incluso traspasan el límite entre lo privado y público, así como el derecho de las personas a su privacidad.
"Lamentamos que el Parlamento Chileno y con el consentimiento del gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, hayan adoptado una Ley Antiterrorista que viene a reponer en su esencia lo que no se alcanzó a materializar con la siniestra y perversa actuaciones de los agentes de los poderes estatales en los hechos conocidos como OPERACIÓN HURACAN, en donde quemaron 29 camiones, en la Comuna de San José la Mariquina, con la participación material de diversos agentes del Estado Chileno, para inculpar a Mapuche inocentes", dijo Aucán.
"En la estrategia de inteligencia de la OPERACIÓN HURACAN estuvieron comprometidos todas las instituciones estatales tanto, Fiscales, Ministros de La Corte de Apelaciones de Temuco, Carabineros, entre otros", agregó.
Evo Morales
"En la perversa y sucia estrategia de la participación de los agentes institucionales en la OPERACIÓN HURACAN, me involucraron que “yo había recibido recursos económicos de parte de Evo Morales” Presidente de Bolivia", comentó Huilcamán además.
Pata el líder mapuche, la participación de todas personas e instituciones mencionadas en la OPERACIÓN HURACAN, da cuenta de la inexplicable situación que no se ha realizado el juicio para condenar penalmente a todos los agentes estatales participantes.
"La ley que ha adoptado el Parlamento Chileno, dará impunidad y a practicas perversas y dará lugar a la extralimitación a situaciones similares a la OPERACIÓN HURACAN y castigarán a muchos inocentes. Además, la ley se aleja de los criterios y estándares internacionales sobre "actos terroristas"", puntualizó además..
Finalmente, Aucán anunció que enviarán los antecedentes a los organismos internacionales de protección a los Derechos Humanos, del cual el Estado de Chile debe informar periodicamente.