La fiscalía insiste con prisión preventiva para Leonelli pese a irregularidades en su investigación

La fiscalía regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), apelaron ayer al cambio de medidas cautelares impuestas al ex jefe de gabinete del gobernador regional Luciano Rivas y también ex comisionado presidencial para la Paz y el Entendimiento, Jun Pablo Leonelli Lepin, en el marco de la investigación por la defraudación cometida por Rinett Ortiz y su hermano Juvenal con recursos del Gobierno Regional de La Araucanía, en el caso Convenios arista "Manicure".

Lo anterior, ya que el Juzgado de Garantía de Temuco cambió la medida cautelar de prisión preventiva que Leonelli cumplía desde hace 110 días, en la cárcel de Traiguén, tras una presentación realizada por su abogado para que pueda continuar lo que resta del juicio desde un arresto total en su domicilio.

Los hechos comenzaron cuando la dueña de las fundaciones Folab y Educc Rinett Ortiz, solicitó una reunión con el entonces jefe de gabinete del gobernador regional, a través del diputado de Republicanos Mauricio Ojeda, hoy desaforado.

En esa reunión, en la cual se le invitó a Leonelli Lepin a recorrer las salas de clases del instituto de Ortiz, donde funcionaba la fundación Folab, se le preguntó al ahora ex jefe de gabinete, sobre las temáticas en las cuales se podían hacer capacitaciones, en el marco de la ley de Presupuestos, que permite que personas jurídicas sin fines de lucro, ejecuten programas de los gobiernos regionales (GORE). 

Así, Leonelli dice que faltan capacitaciones en temáticas como la manicure, corte y tintura de pelo, por lo que Rinett Ortiz decide presentar dos programas, uno por la fundación ya presentada Folab y otro por Educc.

Ejecución y evidencia faltante

Una vez adjudicados los fondos, que ascienden entre los dos programas a 730 millones de pesos, Leonelli Lepín recibe informes desde el GORE que indican que ambos programas se están ejecutando bien e incluso, le hacen llegar las listas de capacitación, debidamente firmadas y donde se registra la asistencia a los cursos por parte de las beneficiarias.

Asimismo, tal es el impacto de los cursos, que distintos alcaldes de la región se acercan al GORE Araucanía a solicitar que se ejecuten cursos de este tipo en sus comunas, lo que queda registrado en un audio al que accede la Policía de Investigaciones (PDI), al incautar y periciar el celular de Rinett Ortiz.

El resto de la historia es conocida: al confesar Rinett Ortiz que se había "gastado la plata", primero a un ejecutivo de la Corporación de Desarrollo de apellido Rosas y luego al propio Juan Pablo Leonelli Lepin, éste decide denunciarla a la justicia, por lo que instruye la presentación de la querella que hoy la tiene en prisión preventiva.

Sin embargo, son precisamente las dos evidencias relatadas en los puntos anteriores, las que deliberadamente deja fuera la fiscalía regional, cuando pide la prisión preventiva de Leonelli Lepin, luego de una cuestionada detención en virtud de un supuesto "peligro de fuga", donde al ex jefe de gabinete lo toman detenido en las afueras de su domicilio, mientras caminaba con su pequeña hija.

Querella criminal

A raíz de lo relatado, la defensa de Juan Pablo Leonelli presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables, pro haber ocultado esta evidencia tan importante, ya que demuestra que al momento de ejecución de los cursos, tanto Leonelli Lepín como el resto de funcionarios del GORE, efectivamente pensaban que dichas capacitaciones se estaban realizando y no como dice la fiscalía, que imputa al es jefe de gabinete haber sabido de antemano que Rinett Ortiz iba a defraudar y usar los recursos en otras cosas.

Las pruebas que fueron ocultadas deliberadamente por la fiscalía regional, fueron encontradas gracias a un peritaje que la defensa de Leonelli tuvo que realizar, lo que demostró incluso la manipulación de mensajes de Whatsapp. "Según consta en el Informe Pericial Informático que se acompaña en esta presentación, dicho informe policial contiene graves irregularidades y manipulaciones que afectan directamente la investigación y los derechos de mi representado, específicamente:

a. Se detectaron ediciones y alteraciones en la presentación de las conversaciones de WhatsApp, dando la apariencia de una continuidad que no existía en la realidad.

b. Se omitieron deliberadamente conversaciones intermedias que podrían ser relevantes para mi defensa.

c. Se presentaron de manera sesgada y parcial los contenidos de archivos", relató el abogado de Juan Pablo Leonelli Lepin.

"Estas manipulaciones constituyen una grave alteración de la evidencia que sustenta la investigación criminal, pues fueron utilizados y exhibidos por el Ministerio Público en la audiencia de formalización de mi representado y con ellas justificando la prisión preventiva del mismo, con ello, se afecta, la integridad de la investigación, la administración de justicia, y perjudicando directamente el derecho a defensa de mi representado y la búsqueda de la verdad procesal", agregó el defensor.

Corte de Apelaciones

Así las cosas y no obstante que se pensaba que tal vez la fiscalía no apelaría, para no evidenciar que había ocultado pruebas en la audiencia de formalización, el fiscal adjunto Carlos Cornejo sí lo hizo, apelando también el Consejo de Defensa del Estado (CDE), causa que verá la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco.