Evópoli se reúne con fiscal nacional y acusan que un 98% de los atentados no tiene condenados

Hasta la Fiscalía Nacional llegó este lunes la bancada de parlamentarios de Evópoli en La Araucanía, acompañados de Justo Gutiérrez, vicepresidente de la Asociación para la Paz y Reconciliación de la región; y Alejo Apraiz, presidente del gremio de los Camioneros de la zona. Juntos solicitaron, con urgencia, el perfeccionamiento de La Fiscalía de Alta Complejidad de la región, esto luego que en 2018 se documentaran 270 atentados en la zona y solo, en menos del 2% de los casos, condenados por los hechos.

La cita fue encabezada por los senadores Carmen Gloria Aravena y Felipe Kast; y los diputados Sebastián Álvarez y Andrés Molina, quienes manifestaron su preocupación al Fiscal Nacional Jorge Abbott de que la unidad persecutora de la región no entregue garantías a los denunciantes y víctimas de violencia y atentados.

Según cifras del Poder Judicial la región atraviesa un periodo crítico donde impera la impunidad. En el 2018 la Fiscalía Regional de La Araucanía recibió 270 causas por delitos vinculados al delito de violencia rural, 49 ingresos más que en igual período del año anterior, lo que representa, a igual fecha, un incremento de un 28%.

Según el senador Felipe Kast lo que más les preocupa es que de todos los casos formalizados por atentados, hay casi un cien por ciento de impunidad. "Esto frustra a las víctimas que piden a gritos justicia. Por eso estimamos que es insostenible que la Fiscalía se mantenga tal cual la conocemos, porque no se adapta a la realidad, mantiene una estructura básica y los mismos recursos. Esto no puede ocurrir en una de las regiones con mayor violencia rural de Chile", aseguró el parlamentario.

Según el diagnóstico exhaustivo realizado por la bancada, entre los mayores déficits que presenta la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía son: la falta de recursos, ausencia de estatuto que proteja a las víctimas, testigos y fiscales (por temor a represalias); dificultades en la carga de probatoria, ineficacia en la persecución de delitos terroristas y dotación de personal insuficiente.

Al respecto, la senadora Carmen Gloria Aravena explicó que en la instancia el Fiscal manifestó claridad del escenario a corregir; en materia legislativa, de recursos económicos y coordinación para que se pueda denunciar de manera segura.

"Necesitamos que los vecinos de nuestra región que son víctimas de violencia, puedan denunciar con la seguridad plena, de que sus casos serán investigados, que los fiscales puedan indagar sin temores; y poder garantizar el derecho de que los culpables serán condenados. En cuanto a la materia legislativa, que como parlamentarios nos compete, hay que señalar que la Ley Antiterrorista está en el Senado, pero ha tenido una lenta tramitación, aclarar que además existen otras modificaciones a la Ley vigente que podrían ser tramitadas con mayor rapidez y de mayor consenso político”, aseguró la senadora Evópoli.

Peticiones concretas

Los parlamentarios realizaron un petitorio al fiscal Jorge Abbott que alude a un perfeccionamiento de la Fiscalía de Alta Complejidad de la región, que propone como prioridad subdividir la Unidad Investigativa en tres áreas: una encargada de la violencia rural, otra de derechos humanos y una tercera de Alta Complejidad.

"Nuestra propuesta responde a los requerimientos de la región, vemos día a día que el actual sistema no responde con eficacia porque no está pensado en la situación particular que atraviesa La Araucanía, que sin duda merece un trato especial", aseguró el diputado Andrés Molina.

La iniciativa propone además la modificación de un catastro respecto a las causas asociadas de la región, por que los hechos vinculados a la violencia rural, han venido ocurriendo a lo largo de toda la historia de la Fiscalía en La Araucanía, dejando consigo un universo de información que se pierde en la memoria de sus protagonistas, sin que se haya realizado respecto de ella, ninguna medida destinada a recopilar esa información y obtener una visión pormenorizada al respecto.

Para enfrentar el tema, es necesario levantar información respecto a todas las causas que han sido asociadas a violencia rural, de manera de conocer cuáles son los delitos más frecuentes, modo de operar, identificación de patrones de conducta, frecuencia de días y hora, organización y entidades adjudicatarias, distribución geográfica y desplazamiento, entre otros. El objetivo de esto es poder contar con información de forma concreta.

La tercera modificación apunta a la subdivisión en unidad de juicios y evidencia. Esto por la complejidad de las investigaciones y la gran cantidad de pruebas levantadas en los sitios del suceso, hace imprescindible el contar con funcionarios que conozcan y resguarden con el cuidado necesario las pruebas que servirán de base para obtener resultados en la judicatura. Por eso se estima necesario crear una unidad específica que propenda al mejor funcionamiento de esta etapa de la persecución penal.

"Nuestra propuesta es contundente y estamos convencidos que no puede esperar. La región merece trato especial porque ocurren situaciones particulares. Necesita más recursos y dotación de personal acorde", sentenció el diputado Sebastián Álvarez.

Tras la reunión el vicepresidente de la Asociación para la Paz y Reconciliación de la región, Justo Gutiérrez, aseguró que espera esta cita dé frutos porque lo que hoy piden es "un derecho básico" y agregó: "solo esperamos que quien vulnere nuestra paz en la región, sea investigado y condenado. Solo queremos justicia".

Alejo Apraiz, presidente del gremio de los Camioneros de la zona valoró el encuentro “la reunión fue muy positiva, creo que el fiscal nacional en los temas planteados concuerda en varios con nosotros y se ve que hay una predisposición por parte de ellos para poder trabajar y que se arme una mesa para ir viendo los avances en cada una de las situaciones”.