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Castigar con mayor severidad a quienes ejercen la pesca ilegal en ríos y lagos es uno de los objetivos del proyecto que fue despachado a ley por el Congreso, tras ser aprobado de manera unánime en el Senado.
La Región20/06/2021
La iniciativa se hace cargo de las prácticas ilícitas de personas que fingiendo ejercer la pesca recreativa, usan redes u otros elementos prohibidos para capturar salmón chinook, entre otras especies.
“La protección de los recursos y los ecosistemas asociados es prioritaria. Esta nueva ley va precisamente en esa dirección, al proteger la verdadera pesca recreativa y sancionar con mayor energía prácticas perjudiciales e ilegales, como el uso de redes de pesca en ríos y lagos. Con esta ley decimos claramente: ¡No a la pesca furtiva!”, afirmó la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo Lagno, tras la votación en el Senado.
La norma que entrará próximamente en vigencia, se originó en una moción del diputado Sebastián Álvarez, de La Araucanía, cuyo foco estaba puesto en combatir la pesca furtiva en ríos y lagos, para cautelar la auténtica pesca recreativa.
"Luchamos junto a las organizaciones territoriales en todas sus formas para sacar adelante y lograr la aprobación unánime del Senado de esta ley, que no es solo el respaldo a una idea, sino al trabajo que de sol a sol realizan los boteros, guías y toda la red de servicios, la gente de esfuerzo a lo largo de los ríos de La Araucanía y de todo el país. Con esta ley habrá más fiscalización", anticipó Álvarez.
La nueva norma equipara las prácticas ilícitas en este plano con las contempladas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, de modo de elevar las sanciones contra los responsables.
Así, la disposición despachada por el Congreso establece explícitamente que el uso de “artes masivos” (redes o similares) no forma parte de la pesca recreativa, y advierte que el foco de la fiscalización debe centrarse en la salvaguarda de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas asociados.
Adicionalmente y entre otros puntos, esta ley eleva la sanción en dinero para las infracciones gravísimas; contempla la posibilidad de amonestar las faltas menores, y rebajar multas, cuando corresponda; y endurece el castigo para quienes empleen explosivos u otros sistemas dañinos para los recursos y su entorno.
La fiscalización de la pesca recreativa está a cargo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la Autoridad Marítima y Carabineros de Chile, así como de guardaparques de CONAF, inspectores municipales e inspectores ad honorem debidamente acreditados.
La iniciativa aprobada por el Congreso cuenta con el respaldo de distintas organizaciones de pesca recreativa y se alinea con uno de los objetivos del programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera: combatir la pesca ilegal.

Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.

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