Fallaremos repitiendo lo mismo

En estos días una serie de crímenes violentos en distintos lugares del país, cuyo epicentro ha estado en Iquique por el norte y en la Araucanía por el sur, han vuelto a poner en el tapete el grave problema de la seguridad pública. Ad portas de un cambio de gobierno y con una administración saliente que parece derrotada y ausente, el problema se vuelve más complejo.

Por su parte los últimos resultados disponibles de la Encuesta Nacional Urbana y Seguridad Ciudadana (ENUSC) son del año 2020, año de estrictas cuarentenas y muestran una baja significativa de la tasa de victimización que se situó en un 19,2%, casi 10 puntos menos desde el 28% que mostraba el 2017, la más alta desde el año 2011. La encuesta es la más reputada para medir la variación de la delincuencia en nuestro país, se realiza cara a cara en más de 27000 viviendas cada año, en las que se consulta si algún miembro del hogar ha sido víctima de algún delito de mayor connotación social (robos, hurtos y lesiones) en los últimos doce meses. El levantamiento se realiza anualmente entre septiembre y diciembre. La encuesta tiene como gran ventaja el que permite contabilizar la “cifra negra” de personas que no denuncian los hechos ante la Policía, pero evidentemente la situación de la pandemia y cuarentena alteró sustancialmente las cifras del último año disponible. Las estadísticas de los homicidios por su parte registran entre los años 2016 y 2020 un incremento que llega al 43% lo que aparece más cercano a la sensación de aumento de la criminalidad violenta.

Al resultado desalentador del combate a la delincuencia y al crimen organizado, se suman también  las cifras de delincuencia juvenil dadas a conocer hace algunos años por la Fiscalía Nacional en la que se indicó que a pesar de haber disminuido el número de menores imputados de delitos, el número de delitos en que ellos participan ha aumentado en un 51% en los últimos 10 años. Es decir, menos menores cometen muchos más delitos. Hay evidentemente un problema con los llamados infractores prolíficos o reincidentes, existiendo casos que se han conocido de menores con cerca de un centenar de detenciones y consecuencialmente causas penales en su prontuario.

Nuevos cargos de fiscales

La solución que tradicionalmente se ha dado por los legisladores ha consistido en reforzar las atribuciones de las policías por considerarse ellas insuficientes y fortalecer también al Ministerio Público. Por ello, en los últimos años las reformas más sustantivas han sido la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, número 20.861 de agosto del año 2015, que correctamente creó 122 nuevos cargos de fiscales y estableció un sistema de análisis criminal y focos investigativos (SACFI) con el objetivo declarado de realizar persecución penal inteligente. Al año siguiente en julio del 2016 se dictó la Ley 20.931 denominada agenda corta antidelincuencia que entregó nuevas atribuciones a las policías, entre ellas, el control de identidad preventivo, que le permite a la policía solicitar la identidad de cualquier persona mayor de edad en espacios públicos sin necesidad de motivo o indicio previo.

"Transcurridos cinco años desde aquellas modificaciones que en su momento se plantearon como fundamentales para superar el problema de la seguridad ciudadana en Chile, llega el momento de las evaluaciones y todo nos indica que nada hemos mejorado y al revés hemos tenido retrocesos en el área vinculados a crimen organizado en la Región Metropolitana pero también en el norte y en la Araucanía".

Desde hace al menos 20 años el problema de la seguridad ciudadana se ha instalado en nuestro país y las recetas para solucionarlo han sido permanentemente las mismas. Aumento de facultades a las policías, sin una adecuada capacitación y modernización, sucesivas agendas cortas antidelincuencia y aumento de penas. Sin embargo, los fríos números nos siguen indicando que cada año en uno de cada cuatro o cinco hogares, uno de sus integrantes sufre un delito de connotación social.

Cambio de enfoque

Es tiempo de cambiar el enfoque y poner la mirada en la prevención, la reinserción y la rehabilitación particularmente en temas de delincuencia juvenil. A los infractores menores hay que intentar por todos los medios de reinsertarlos en la escuela. Generarles redes de apoyo con especialistas y con los adultos responsables cuando existan. Todo dinero que se invierta en ese objetivo es dinero que evitará delincuencia futura.

"Por ello aparece como correcta la creación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil para que exista un órgano responsable de este objetivo y a quién se le entreguen recursos para ello. La reinserción juvenil es cara, pero cada menor que se logra reinsertar en el sistema son decenas de delitos menos que se cometen con el consiguiente ahorro en seguridad pública".

Junto a ello las sanciones actualmente existentes en la ley de responsabilidad juvenil han demostrado su ineficacia. Las amonestaciones y multas en dinero a menores carecen de sentido. Las sanciones en libertad deben estar sujetas a controles más estrictos y a mayores tiempos de duración. Finalmente hay delincuentes prolíficos que deberán ser necesariamente encarcelados. A Einstein se le atribuye erróneamente una buena frase "La definición de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados". Dejemos de hacer locuras. Fallaremos repitiendo lo mismo.