Cuando la derecha y la izquierda se unen, gana la gente: Estado de Chile rechaza WTE Araucanía

Han sido ya varios años de incertidumbre entre las familias de Lautaro, vecinos, comerciantes y comunidades indígenas. Esto, porque lo que pretende ser un millonario negocio para 4 empresarios y un abogado lobbista, amenaza con dañar de forma irreversible la vida de toda la comunidad de esta comuna.

Sin embargo, ayer se dio un gran primer paso: el Estado de Chile rechazó la instalación de la planta incineradora de residuos WTE Araucanía, la que se emplazaría dentro de los límites urbanos de Lautaro y donde se pretendía quemar más de 180 mil toneladas de basura al año.

Y decimos el Estado, porque fueron los seremis de un gobierno de derecha, junto a las nuevas autoridades del gobierno del Presidente Gabriel Boric, quienes trabajando "unidos", dieron el portazo a esta nociva planta de incineración de residuos, o mejor dicho, a esta planta termoeléctrica que para producir energía, quemaría basura; como lo aclaró Alejandra Parra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA.

Coeva sin quórum

Fue el jueves 3 de marzo que se citó por primera vez a la Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía (Coeva), donde 11 autoridades de gobierno estaban convocadas para evaluar el proyecto, a contar de las 15:00 horas. No obstante, de todos los citados, sólo llegó una seremi y la directora del SEA. El resto, ni siquiera se excusó o dejó un reemplazante. Así las cosas, la suerte de la planta WTE  Araucanía estaba echada: tendría que ser evaluada por el próximo Gobierno.

De estos seremis depende el futuro de los vecinos de Lautaro

Pero el poder y los contactos pudieron más, así que en menos de 5 días la Coeva volvió a ser citada, esta vez de forma "extraordinaria" y a tan solo 2 días de que asumiera el gobierno de Gabriel Boric. De esta manera, el miércoles 9 de marzo debía reunirse la comisión para "aprobar" la industria, pero los seremis nuevamente no sesionaron y WTE Araucanía definitivamente quedó para ser analizada por la nueva administración.

Delegado presidencial de La Araucanía

Si bien es cierto y es digno de reconocer, que el ex delegado presidencial Víctor Manoli fue de quienes no dio quórum para que se aprobara WTE Araucanía, ayer los argumentos más sólidos -de entre quienes votaban- para rechazar la planta de tratamiento de basura vinieron de Raúl Allard, abogado y académico, hoy delegado presidencial de La Araucanía.

Y el abogado puso énfasis, además de la negativa a realizar la consulta indígena que la Ley obliga, en que a los empresarios detrás de WTE Araucanía, de manera insólita, se les había permitido ingresar 3 "ADENDAS" o compromisos para subsanar las graves deficiencias del proyecto, las cuales habían sido indicadas en 3 "ICSARA" (solicitud de antecedentes para subsanar observaciones), no obstante que la Ley sólo permite una Icsara y de manera excepcional y debidamente justificada, una segunda. Nunca una tercera, como ocurrió en este caso.

Así lo expuso Raúl Allard en la fundamentación de su voto, al decir: "en el tercer ICSARA elaborado por el SEA, es decir un excepcional segundo ICSARA complementario, no se indica cuales son las razones necesarias y debidamente justificadas para abrir esa alternativa. De la sola lectura de la Resolución N°27 del 22 de julio 2021 se desprende que no hay fundamentos alguno que amerite su dictación".

"Obviamente, la necesidad y debida justificación dice relación con las motivaciones que expliquen porque el titular del proyecto no respondió satisfactoriamente las observaciones de los servicios sectoriales. Pretender, que la necesidad y debida justificación se satisface con constatar que la empresa simplemente no ha podido responder, es alterar completamente el sentido de la norma", explicó Allard. 

“Hoy hemos sido participes de una jornada histórica en la cual se ha presidido la primera sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental y se ha dado rechazo al proyecto de la Planta Incineradora WTE Araucanía”, manifestó el delegado presidencial sobre la sesión, donde aprovechó de reconocer la participación de “organizaciones sociales de la comunidad de Lautaro, incluida la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) y el apoyo de la Municipalidad de Lautaro, entre otras agrupaciones”.

Próximos pasos

Así las cosas, ahora es probable que el abogado lobbista Ronaldo Franco recurra ante la autoridad con algún resquicio legal o directamente ante el Comité de Ministros, buscando la aprobación para instalar la planta de incineración de basura en Lautaro; luego de lo cual (o tal vez en forma paralela), recurrirá ante el Tribunal Ambiental de Valdivia insistiendo con sacar adelante este millonario negocio, no obstante además la cuantiosa demanda que tiene interpuesta en contra de la Municipalidad de Temuco, por haber terminado el contrato que Miguel Becker (RN) les había adjudicado.

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