Abogada de José Tralcal aclara beneficio al que podrá acceder su defendido

"Como abogada de José Tralcal, vamos a aclarar las razones de la Huelga de Hambre, medida de presión extrema que solo fue realizada después de numerosas solicitudes judiciales y administrativas. Y en particular frente a las ilegalidades de parte de gendarmería", son las palabras de Karina Riquelme, abogada defensora de uno de los condenados por el asesinato del matrimonio Berner Luchsinger y Vivianne Mackay, quienes murieron quemados en su casa del Fundo Lumahue, en la comuna de Vilcún, la madrugada del 4 de enero de 2013.

La abogada, quien fuera víctima de las escuchas ilegales de la Operación Huracán (2017) y donde aún no se realiza la audiencia de preparación de juicio oral, cuenta que a su defendido le corresponde acceder a los mismos beneficios a los que cualquier persona condenada en Chile tiene derecho, pero que además, José Tralcal tiene una buena conducta al interior del centro penitenciario en el cual se encuentra cumpliendo su condena.

"José Tralcal se encuentra cumpliendo pena en CET Victoria recinto semiabierto, sin mayor seguridad, dónde la mayor parte del tiempo pasan sin cuidado de Gendarmería, en especial en el predio donde cultivan frambuesas que está al costado de la carretera. Su conducta es MUY BUENA", manifiesta Karina Riquelme.

"La regulación legal al respecto se establece en Reglamento 943 y 518, y Resolución Exenta 3925 relativa a la aplicación del Convenio 169. En virtud de esas normas se solicitan conforme a la ley aplicable para todos los privados de libertad las beneficios carcelarios", agrega la abogada.

Cautela de garantías

Luego, Riquelme explica que para su representado se solicita salida trimestral según el artículo 83 del reglamento 943 y salida dominical; ambas con los requisitos necesarios ya cumplidos en agosto y octubre de 2021, no siendo respondidas de ninguna manera por parte de Gendarmería de Chile, razón por la cual en diciembre del año pasado se presenta una cautela de garantías ante el juzgado de Temuco.

"La cautela tuvo dos finalidades 1.- Exigir la respuesta administrativa de las solicitudes. 2.- Solicitar se aplicará convenio 169 en las evaluaciones psicosociales. Esto por qué los profesionales que evalúan aplican mismos instrumentos que a población penal de origen chileno", señala además.

Así, el Juzgado de Garantía acoge la acción legal presentada y reconoce la falta de profesionales en Gendarmería con capacitación que comprenda la cultura mapuche, ordenando que deben ser profesionales peritos que incluso comprendan mapudungun básico. Sin embargo, Gendarmería no obedece la instrucción del juzgado de Garantía.

"Luego de la orden de parte del JG Temuco, hasta el 2 de marzo no se realizó respuesta y ya llevaban 6 meses en espera de parte de los condenados. Y por eso autónomamente y en una decisión extrema, los condenados y su familia deciden protestar a través de una huelga de hambre", puntualiza Karina Riquelme.

Finalmente, la abogada manifestó que lo resuelto por el Consejo Técnico del Cet de Victoria, no tiene nada de extraordinario. "No es el Gobierno el que entrega beneficios como dice la prensa. Acá la Institución Gendarmería está cumpliendo la ley, ley que debieron cumplir hace muchos meses y no esperar una huelga", aclara.

Abogado de Luis Tralcal

Por su parte, Sebastián Saavedra, abogado del Cidsur y defensor de Luis Tralcal Quidel, se refiere a las supuestas presiones políticas para el otorgamiento de beneficios penitenciarios a su defendido. "Frente a las críticas que se han levantado en los medios de comunicación, respecto a los permisos de salida otorgados ... a los comuneros mapuche injustamente condenados en el caso Luchsinger Mackay, quisiéramos señalar que se trata de peticiones efectuadas en los meses de agosto y octubre de 2021", manifiesta el abogado y que ante la imposibilidad de continuar rechazando los permisos de salida, constatando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, se debió acceder a estos beneficios.

"Lo que ha hecho Gendarmería de Chile es simplemente dar cumplimiento al Estado de Derecho y responder peticiones que se hicieron hace 7 meses atrás", reitera Saavedra.

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