Tras distintas excusas o justificaciones, el reinicio de la preparación del juicio se ha aplazado una y otra vez, para buscar justicia en uno de los episodios más oscuros y vergonzosos del poder judicial en Democracia. Abogada de la defensa alega que incluso debieran haber dos fiscales -actualmente activos- formalizados, pero no lo están.
La Región04/04/2023
Equipo AraucaniaDiario
El pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco le ordenó al Juzgado de Garantía de la ciudad fijar en un plazo de entre 25 y 35 días, la continuación de la audiencia de preparación de juicio oral en contra de 10 oficiales y suboficiales de Carabineros y un civil, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros. Ilícitos que habrían perpetrado en el marco del denominado “caso Huracán”.
En fallo unánime (causa rol 360-2022), el tribunal pleno –presidido por el ministro Alberto Amiot Rodríguez y la asistencia de los ministros Alejandro Vera Quilodrán, Cecilia Aravena López, Carlos Gutiérrez Zavala, María Georgina Gutiérrez Aravena, José Marinello Federici y Luis Olivares Apablaza– estableció que, especialmente en el ámbito penal, las audiencias deben realizarse dentro de un plazo razonable, como establece la ley.
“Que, conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principio de plazo razonable a que hace referencia, tiene por finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta se decida prontamente”, plantea el fallo.
La resolución agrega: “Que, como garantía procesal, especialmente en el ámbito penal, determina que las audiencias deban realizarse dentro de los plazos fijados por el legislador evitando dilaciones indebidas, por lo que los plazos establecidos en la ley son términos que los jueces deben acatar, ya que así se cumple con el respeto a la garantía procesal de ser juzgado en un tiempo razonable”.
“Que, en este sentido –prosigue–, el Código Procesal Penal con la finalidad de cumplir con la garantía procesal de orden constitucional, prevista en los pactos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, en orden a que todo imputado por un delito tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable ...”, sigue el fallo y agrega, entre el detalle de la reglamentación vigente sobre los plazos, que el tribunal podrá suspender la audiencia hasta por dos veces solamente por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo con el motivo de la suspensión, salvo en el caso de que sean muchos imputados o el juicio oral dure más de un año, aunque: “El plazo total de estas suspensiones no podrá extenderse por más de treinta días ... ni de sesenta ...”, releva.
Por tanto, se resuelve: “Que, el Juzgado de Garantía de Temuco deberá fijar la continuación de la audiencia de preparación del juicio oral en un plazo no inferior a veinticinco días ni superior a treinta y cinco días, la que deberá desarrollarse en forma continua y prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclusión, esto es, de ser el caso, teniendo lugar en el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del tribunal”.
En conversación con AraucaniaDiario, la abogada Marisa Navarrete volvió a reiterar que los ahora ex carabineros, nunca actuaron solos, si no que dirigidos por los fiscales que estaban a cargo de la Operación Huracán y que incluso, para no pedir autorización a un juez de garantía -que les habría negado la solicitud-, fueron ellos quienes enviaron a Carabineros a pedir autorización a un ministro de la Corte de Apelaciones.
Pero para Navarrete falta mucho por hacer en esta arista del caso Huracán, quizá la más compleja, ya que involucra a quienes representan al Ministerio Público y sobre quienes, especialmente, la mano de la Justicia ha sido suave o inexistente. Hoy ni siquiera hay un fiscal formalizado, no obstante que la abogada asegura que hay antecedentes de sobra para hacerlo. A cargo de esta investigación está el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
"Hace rato lo venimos diciendo, primero respecto a Arroyo desde el día uno y luego ahora con Moya, pero curiosamente tampoco ha habido ninguna solicitud de formalización ... está probado que lo que hace Carabineros se hace por recomendación o decisión de la fiscalía. Lo declara también el general Villalobos, quien va a hablar con el fiscal regional allá (a La Araucanía) ...", dijo la abogada Marisa Navarrete.
La defensora del ex capitán Osses, insiste además en que evidentemente aquí hay una decisión clara de inculpar a cierto grupo de personas y de exculpar a otras, y aquellas que se exculpan, a la abogada le parece que son las más graves. "Porque aquí una investigación la puede realizar la policía, pero quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Quien es el principal responsable de esta investigación es el ministerio público", manifestó Navarrete.
"Si hasta corrigieron los borradores de los oficios antes de que éstos fueran entregados, entonces ahí hay una información bien relevante, aunque eso lo desconoce totalmente Arroyo, que dice que sólo los conoció el día en que se los entregaron (los informes), lo que no es verdad porque tiene los antecedentes en sus mensajes de whatsapp y en un correo electrónico", acusó la abogada.
Pero Marisa Navarrete agrega que eso no es todo, sino mucho más grave. "Al sargento Marvin Marín, cuando estaban con los teléfonos de los mapuche, analizándolos el día de las detenciones, uno de los fiscales le dice al carabinero que si sale algo de la fiscalía que no lo coloquen. Imagínense lo que le dice el fiscal a la policía, que no coloque algo que vaya a perjudicar a la fiscalía", dijo Navarrete.
"... hay una serie de fiscales de la Araucanía involucrados, que cómo no se ha investigado y no se va a investigar no sabemos quienes más, pero lo concreto es que hay dos sumamente complicados y ni siquiera han sido formalizados. Hay dos fiscales de La Araucanía que debieran estar formalizados", puntualizó Marisa Navarrete.
Navarrete espera que su representado, de quien tiene la convicción que no tuyo ninguna participación en la intercepción, resulte absuelto; aunque nunca se ha querido investigar toda la verdad. "La sospecha es que Smith no era la punta, sino que habían otros involucrados acá y eso es lo que no se ha determinado porque no se ha querido investigar por parte de la fiscalía", finalizó la abogada en entrevista con AraucaniaDiario.
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