Constituyen primera mesa Regional de Agroseguros en La Araucanía
La instancia estuvo integrada por representantes del sector privado, de la pequeña agricultura, la SOFO y el sector público, provenientes del INDAP, SAG e INIA.
Entre febrero y junio de este año se le han adjudicado cinco contratos, algunos para la masificación de las lenguas Kunza y Quechua, a pesar de que el acta de evaluación de la oferta se consigna que no cuenta con experiencias en lenguas indígenas.
La Región 12/07/2023 Equipo AraucaniaDiarioEl diputado independiente Andrés Jouannet denunció a la Contraloría General de la República contratos por más de 400 millones de pesos que firmó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), con una empresa de consultorías creada el 1° de febrero de 2023, denominada Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada o Chikawal Limitada.
“En cinco meses ha obtenido 442 millones de pesos en licitación. Esta empresa fue hecha el 1° de febrero de 2023 y su primer contrato por 80 millones de pesos fue el 28 de febrero de 2023 ¿Rápido, no?”, dijo Andrés Jouannet.
En efecto y según consta en las adjudicaciones realizadas, entre febrero y junio de este año se adjudicaron cinco contratos. “Ha ganado licitaciones, a pesar de que en las actas de evaluación en Cañete y en Osorno se ha consignado que no cuenta con experiencia anterior en contratos con el sector público”, agregó Jouannet.
“Ha ganado licitaciones para la masificación de las lenguas Kunza y Quechua, a pesar de que el acta de evaluación en la oficina de la Conadi en Atacama, se consigna que no cuenta con experiencias en lenguas indígenas, en referencia probable al caso de las leguas mencionadas”, acusó también el diputado independiente.
A través de un comunicado, la repartición pública señaló: "Conadi se encuentra revisando los antecedentes de cada proceso de licitación cuestionado, en concreto, para confirmar si su apego a los principios y normas que los rigen".
"En caso de encontrar alguna irregularidad -que hasta ahora no han aparecido- se iniciarán los procesos que correspondan para establecer eventuales responsabilidades que surjan, tal como nos ha encomendado el Presidente de la República y como corresponde y es deber del Servicio", agregaron.
Así y de acuerdo a los antecedentes entregados, la Contraloría deberá determinar lo sucedido y si las adjudicaciones se encuentran en regla, o si se está ante la presencia de alguna falta o delito.
La instancia estuvo integrada por representantes del sector privado, de la pequeña agricultura, la SOFO y el sector público, provenientes del INDAP, SAG e INIA.
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