
Guardia que denunció violación en Collipulli pierde demanda laboral
Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.
En una decisión de espaldas a la ciudadanía y a los vecinos y comunidades indígenas de Lautaro, la máxima autoridad de Salud podría obviar todas las advertencias y alarmas sobre emisiones de dioxinas y agentes cancerígenos, dando su voto a favor.
La Región15/12/2023
Equipo AraucaniaDiario
En los próximos días se votará el proyecto WTE Araucanía, que comprende la instalación de una planta de incineración de basura dentro del radio urbano de Lautaro, afectando la vida de miles de vecinos de la ciudad y de generaciones de niños que crecerían recibiendo sobre sus organismos las emanaciones de la basura quemada.
Teniendo en cuenta lo anterior y un proceso de autorización del SEA a todas luces irregular -ya que se obvió que el plano regulador no admite este tipos de instalaciones- y donde de forma excepcional -e inusual- el Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera le concedió una tercera oportunidad para hacer descargos, sin el requisito de que fuera una solicitud fundada (aspecto técnico), los seremis del Presidente Boric, encabezados por el entonces delegado residencial Raúl Allard, rechazaron su instalación en marzo de 2022.
Sin embargo, la presión de los empresarios interesados en transformar la basura en electricidad y a la vez, en dinero para sus bolsillos, ha podido más y al parecer y según fuentes de AraucaniaDiario al interior del Gobierno, sería la ministra de Salud Ximena Aguilera, junto al ministro de Economía y de Energia quienes estarían a favor de autorizar su funcionamiento, lo que marcaría un grave precedente en la administración del Presidente Gabriel Bori, porque un Gobierno que se ha caracterizado por el diálogo y escuchar a las personas, sus demandas sociales y necesidades, con esta decisión, les estaría dando la espalda y cediendo a las presiones de empresarios ligados a la derecha y de un abogado lobista.
Finalmente, la comunidad de Lautaro, encabezados circunstancialmente por su alcalde Ricardo Jaramillo (RN), junto a comunidades indígenas, las escuelas que se verían afectadas y a la comunidad regional en general, se continuarán oponiendo a esta iniciativa de inversión que promete no contaminar.

Especial importancia tuvo la presentación de testigos que fueron calificados como "no imparciales" por el Tribunal, mientras la causa penal se mantiene suspendida.

Jorge Montes Coronado habría ocultado que mantenía procesos administrativos pendientes de resolución. Además, mantiene una relación de pareja con una funcionaria del Hospital de Angol.

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