Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Carolina Araya, directora carrera de Derecho, Universidad de Las Américas, Sede Concepción.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Opinión22/04/2024Equipo AraucaniaDiarioDecir que Héctor Llaitul ya está condenado, un día antes del veredicto de los jueces de Tribunal Oral en lo Penal, suena hasta arriesgado, pero no es antojadizo ni parte de una consigna de la CAM y pese a que ningún mapuche que ha sido juzgado en el último tiempo, ha sido absuelto o ha resultado inocente, por supuesto que hay quienes esperamos que se haga justicia de verdad. Es decir, que sea condenado si existen pruebas suficientes para derribar su presunción de inocencia, o que sea absuelto si no es así, aunque basta con verlo en las audiencias de juicio o cuando hoy tome la palabra por última vez, esposado, como si hubiera partido siendo culpable.
Creada bajo el segundo gobierno de Ibáñez del Campo en 1958, La Ley de Seguridad del Estado fue la sucesora de la “ley maldita”, utilizada para proscribir al Partido Comunista y sofocar las protestas sociales.
Por supuesto que el uso de esta Ley, ampliamente utilizada en Dictadura y luego, ocasionalmente para meter presos a quienes se salieran de los límites, siempre ha sido rechazado por la izquierda, incluso cuando se utiliza para juzgar "hechos" o "acciones", como los del llamado "estallido social" y la destrucción causada por algunos de los manifestantes. Más criticada aún si se utiliza para perseguir "ideas", "dichos" o al "pensamiento".
Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo hoy a vista y paciencia de toda la gente de izquierda, e incluso, en pleno gobierno de izquierda. Lo raro, es que no se oyen críticas, condenas ni más lamentaciones que las de los hermanos mapuche y si bien es cierto, fuera de la Coordinadora Arauco Malleco poco solidarizan con Llaitul, también es verdad que será condenado a una pena de cárcel por hacer "incitación y apología a la violencia", es decir, no por hacer las cosas, sino por incitar a hacerlas. Así lo dijo el fiscal que pide nada menos que 25 años de cárcel para él.
Y es que Héctor Llaitul podrá ser malo, haber hurtado madera, agredido e insultado a Carabineros, o incitar a la violencia, pero todo eso, primero, hay que demostrarlo. Sino, es inocente, aunque bien sabemos que lo van a condenar igual.
El tema, es que de lo que ha salido a la prensa por parte de la fiscalía regional, la verdad, no hay pruebas suficientes para asegurar -sin una duda razonable- que Llaitul sea culpable. Se habló primero de una "triangulación" que ubicó a Héctor Llaitul dentro de un área de varias decenas de hectáreas, donde se estaba hurtando madera y se había agredido a Carabineros. Pero en ese sector hay varias comunidades indígenas, ¿pudo haber estado en otro lado dentro del sector que triangularon? Por supuesto, ya que el software utilizado no da un punto exacto, sino una aproximación con varios cientos de metros de error.
Luego, hay un testigo "sin rostro" que dijo haber escuchado a un encapuchado ese mismo día mientras se enfrentaban a Carabineros y que le reconoció "la voz", ya que lo había escuchado hablar en "una" oportunidad antes. Por eso dice que es él. Testigos "sin rostro" que es necesario señalar, son rechazados por los tribunales internacionales, por lo que probablemente Llaitul gane luego en esas instancias judiciales y terminémos todos pagándole un sueldo de por vida, como ocurre con la comunidad y la familia del fallecido lonco Pascual Pichún.
Siguiendo, existen audios donde la Policía de Investigaciones dice -sin peritaje alguno que certifique que es su voz- que quien habla, es Héctor Llaitul y supuestos mensajes de texto donde incluso se enredó -intencionalmente- a varios periodistas con el vocero de la CAM, como si no fuera función de un periodista "conseguirse" una entrevista con quien habla por esta organización.
Pero en fin, Llaitul ya está condenado. Ya está condenado porque la opinión pública lo decidió así y se necesita un mapuche preso por los innumerables delitos que la CAM ha cometido y ha mandado a cometer, no obstante -insisto- no existan pruebas concretas de que Llaitul, personalmente, las cometió y así como ya va a cumplir casi dos años en prisión preventiva, irá a cumplir varios más hasta que una corte internacional lo mande a liberar.
En el ámbito internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1900 del 3 de octubre del año 2012, señaló que para que una persona privada de su libertad personal, deba de ser considerada como un “prisionero político”, han de darse al menos uno de los siguientes requisitos:
1- Que la detención violó garantías fundamentales como la libertad de pensamiento, religión, conciencia, libertad de expresión o de reunión;
2- Que fue impuesta por motivos políticos sin conexión a otro delito tipificado;
3- Si la duración de la detención o sus condiciones no son proporcionadas con respecto al delito que se le imputa;
4- Si es una detención discriminatoria en comparación con otros sujetos;
5- Si es resultado de procedimientos injustos y pudieran tener relación con motivos políticos de las autoridades.
¿Existen presos políticos mapuche en Chile?, considerando la resolución del Parlamento Europeo, claro que sí, principalmente porque son detenidos luego de la presión de las autoridades de turno, dada la presión que a su vez reciben de la opinión pública, diputados, senadores y en general, de nosotros mismos. Sin embargo, por algo son "autoridades" y no debieran ceder a esta presión.
En el caso de Llaitul, con la mente abierta, saque las cuentas Usted mismo: Para su detención se invoco la Ley de Seguridad Interior del Estado por hacer "incitación y apología a la violencia" es decir, el punto número 1) antes citado. Luego, su detención ha durado un tiempo desproporcionado al delito que se le imputa (número 3)), ya que los otros delitos por los cuales se le juzga ni siquiera tienen pena de cárcel y por supuesto, su detención tiene relación con motivos políticos de las autoridades (punto número 5).
Es de esperar que hoy los jueces decidan en conciencia, no contra un Llaitul mapuche y sabido malo, sino que apliquen justicia como si fuera un chileno común y corriente, que incita a la violencia, sí, pero como tantos otros lo hacen e incluso públicamente defienden el uso de las armas en política (PC). Si existen pruebas concretas e irrefutables, que lo condenen, pero si existe una duda razonable de que no es culpable, señores jueces, no cedan a las presiones políticas ni a la visión de túnel de la fiscalía.
Carolina Araya, directora carrera de Derecho, Universidad de Las Américas, Sede Concepción.
Vicente Painel Seguel, investigador, profesor y licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y magíster en Historia.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Felipe Martínez Reyes. administrador público y psicoeducador. Consejero regional de La Araucanía.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Lissy Cerda Muñoz, directora regional Senda Araucanía.
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