Yuliana Montiel
Una serie de irregularidades en el departamento de Salud Municipal de Pitrufquén fueron confirmadas por la Contraloría Regional de La Araucanía, a través de su Unidad de Control Externo. Esto luego de que los concejales José Lizama Díaz y Luis Maricán Maricán se dirigieran ante la institución, alegando “irregularidades en el pago de la asignación especial transitoria establecida en el artículo 45 de la ley N° 19.348, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal”.
Tras una exhaustiva investigación, la entidad comprobó que 17 profesionales percibieron dicha asignación especial transitoria durante el 2020, es decir, en el contexto de pandemia por coronavirus. Esta propuesta de asignaciones fue enviada en primer lugar al edil de Pitrufquén, quien posteriormente, según consta en oficios, envió al Concejo Municipal. Finalmente fueron otorgadas las retribuciones, primero a 15 profesionales (10 médicos, 2 químicos farmacéuticos y 3 jefaturas) luego se añadió a otros dos. Sin embargo, llamó la atención el otorgamiento de estos beneficios a tres de los trabajadores, una de las cuales estuvo con licencia médica y de maternidad desde junio.
Es así, como en el informe de contraloría señala, en primer lugar, la “falta de supervisión en relación con las justificaciones que respaldan la autorización y pago de la asignación especial transitoria”.
A este se suma que se evidenció una emisión de forma extemporánea del decreto alcaldicio que autoriza el pago de la asignación especial transitoria. “Se constató que la Municipalidad de Pitrufquén con fecha 28 de febrero de 2020, dictó el decreto alcaldicio N° 72, que autorizó el pago de la asignación especial transitoria a los funcionarios que indica, en circunstancias que dicho emolumento fue aprobado el 24 de enero de 2020, por el Concejo Municipal de esa comuna en sesión ordinaria N° 114, y que tiene vigencia desde el 1 de enero del presente año, por lo que, la emisión del observado acto administrativo tuvo por finalidad regularizar una asignación que comenzó en el mes precedente”, señala el texto.
Funcionaria con licencia médica
En el análisis de la contraloría se evidenció que se le otorgó la asignación especial transitoria a Sabina Ejivaya Barra, quien durante el 2020 no ejerció su cargo por encontrarse con licencia médica de pre y post natal desde junio “y seguidamente se le han otorgado 3 licencias médicas continuas, todas por 30 días, la última de ellas con fecha de inicio el 5 de octubre del presente año”.
En la justificación de dicha asignación, consideró la institución que no se ajustó a derecho, por que se aludió a labores "que son propias del cargo que debían ejercer las anotadas servidoras, ya que estas (…) son obligaciones a las que están sujetos todos los servidores municipales". Lo que podría conllevar incluso, conforme al inciso final del artículo 69 de la ley N° 18.883- a que los servidores incumplidores sean desvinculados del municipio por aplicación de la medida disciplinaria de destitución.
"Considerando lo expuesto precedentemente se objeta el pago de $ 2.000.000 y $ 3.500.000, a las funcionarias Yorgina Burgos Muñoz y Sabina Ejivaja Barra, respectivamente", expone el informe, el cual agrega el caso de una tercera trabajadora. Se trata de Patricia Muñoz Jarpa, quien comenzó a trabajar como enfermera y luego fue subrogante del Departamento de Salud Municipal, pero durante el 2019 se le designó funciones de jefe técnico y como parte de las labores que cumple dicha jefatura se le otorgó la asignación especial transitoria para el 2020.
Ahora bien, en febrero Muñoz fue designada como Directora Titular, del DSM de Pitrufquén, "razón por la cual resultó improcedente continuar con la entrega del beneficio de la especie, desde esa fecha en adelante, toda vez que las razones analizadas en su oportunidad y que fueron aprobadas por el Concejo Municipal, correspondieron al cargo anterior que desempeñaba". Esta fue otra de las irregularidades, ya que dicho cargo no fue incluido dentro del listado de los funcionarios a los que le podría corresponder dicho beneficio.
"… en lo que atañe a lo señalado en el acápite III, examen de cuentas, numeral 2, asignación especial transitoria otorgada a la señora Patricia Muñoz Jarpa, por la suma de $ 4.656.667, esa entidad edilicia deberá solicitar el reintegro de los recursos y acreditar el ingreso de los mismos en las arcas municipales en un plazo de 60 días hábiles", concluye el órgano contralor.
Sin embargo, en el caso de las funcionarias Yorgina Burgos Muñoz y Sabina Ejivaja Barra concluyó en que el municipio "Tendrá que argumentar las necesidades del servicio que justificarían el otorgamiento de la asignación (…) como también, que esas fundamentaciones sean ponderadas y aprobadas por el concejo municipal, o en su defecto, solicitar y acreditar el reintegro de los recursos objetados en un plazo de 60 días hábiles".
