El mensaje fue entregado a un cliente que presentó la solicitud con todas sus deudas al día hasta octubre de 2019, cuando comenzaron los problemas producto del llamado "estallido social". Sin embargo, desde esta fecha en adelante tiene morosidades, algo que según el gobierno no sería problema o impedimento para recibir este beneficio que busca ayudar a mantenerse en este tiempo sin cerrar. El mensaje fue recibido durante la administración del recién renunciado Arturo Tagle.
El presidente del directorio de CEPA Eugenio Tuma, ex senador y candidato a gobernador regional por La Araucanía, aseguró que “la actual emergencia sanitaria ha sido un duro golpe para la salud y la economía de nuestro país, pero está golpeando con más fuerza a los grupos vulnerables, como son los adultos mayores, a las PYMES y a los trabajadores independientes e informales que se han visto forzados a detener sus actividades".
La parlamentaria valoró el conjunto de medidas anunciado por el ejecutivo para reactivar la economía y ayudar a los pequeños empresarios luego de la pandemia por coronavirus, pero advirtió que muchos no podrían acceder a estos créditos por presentar morosidades en el sistema financiero.
Se trata de una iniciativa legal para aquellos padres que incumplen con el pago de la pensión alimenticia. Este proyecto de ley fue anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, el pasado Día de la Mujer, junto a la primera dama Cecilia Morel y al ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El 28 de febrero se publicó la ley que prohibe, al igual que con los servicios básicos, que se comunique información relacionada con las deudas contraídas con instituciones de educación superior, con bancos o instituciones financieras, o con la Corfo; ni alguna deuda contraída para obtener, para sí o para terceros, un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.
A través de un sumario "express" se les prohibió mencionar a dos directoras de confianza del rector, en forma personal o en representación de la asociación.
Armando Godoy Olivares fue formalizado por agredir y amenazar a su exconviviente en Labranza, pero no se había decretado que quedara privado de libertad.
La defensa del magistrado, que logró condenar a los asesinos del caso "Asalto al Polvorín" de Temuco, pedía dejar sin efecto dos querellas por prevaricación.