
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Stephanie Caminondo, Seremi de Justicia y Derechos Humanos.
Opinión26/03/2021
Yuliana Montiel
Todos somos responsables de nuestras acciones, traer un hijo al mundo no es la excepción. Desde que un niño nace y durante su crecimiento, debemos preocuparnos de entregarle lo necesario para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible en nuestra sociedad.
Durante este mes de la mujer, el Presidente Sebastián Piñera, junto a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, presentaron una nueva herramienta, un Proyecto de Ley que busca terminar con la impunidad en el pago de pensiones de alimentos, al exigir, de manera inédita, serias restricciones patrimoniales y de acceso a diversas prestaciones, a todos quienes tengan deudas de alimentos.
Queremos concientizar y cambiar la actitud de quienes no se hacen responsables por el mantenimiento de sus hijos. Con la futura aprobación de este proyecto en ambas cámaras del Congreso y una vez que pase a ser Ley, se dará un giro radical en la forma en que se hacen las cosas, ya que la evidencia nos muestra que las sanciones de arresto para los deudores de alimentos no son efectivas para el objetivo de pagar sus deudas. Con las nuevas medidas, lo primero que estamos asegurando, es la cancelación total de la deuda y el futuro de muchos menores de edad.
Esta iniciativa que crea, además, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, es una medida largamente esperada que responde directamente al compromiso del Gobierno con nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes tendrán la posibilidad de desarrollarse de manera adecuada, sin sufrir las consecuencias de una paternidad irresponsable y que a su vez, le hará difícil la vida tanto a los padres o madres que quieran seguir evadiendo sus obligaciones.
Este registro de deudores de pensión de alimentos será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, ingresando en él quienes deban, total o parcialmente, tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas de pensiones alimenticias.
A su vez, se establece que las instituciones públicas y privadas, tendrán la obligación de consultar el Registro para la realización de prestaciones o realización de trámites, siendo éstos rechazados en el caso de que la persona se encuentre inscrita o retenidos parte de los fondos para pagar con ellos los alimentos que se deben, por ejemplo, en el caso de la venta de un vehículo o inmueble, al solicitar créditos bancarios, al solicitar la devolución de impuestos de renta o al ser contratados o recibir ascensos en el trabajo, entre otros. Además, sus remuneraciones podrán ser retenidas y se les rechazará el otorgamiento de la licencia de conducir y pasaporte.
Dimos el primer paso, ahora necesitamos la pronta tramitación de este Proyecto de Ley en el Congreso, el cual nos permitirá perfeccionar, acelerar y facilitar el cobro de las pensiones de alimentos que se adeudan y que van en directo beneficio de nuestros hijos, para que puedan crecer y desarrollarse en igualdad de oportunidades.

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Rodrigo García, director Unidad Comercial de Syngenta Andinos (Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela).

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Chris Pefaur, Nutricionista.

Roberto Carvajal, Director Escuela de Contador Auditor Universidad Andrés Bello.

Por Nicole Revillot, Country Manager de TUU by Haulmer.

Aunque el Gobierno es del Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli exigen cargos en las seremías más importantes de la región.

La Municipalidad lacustre realizó un trabajo coordinado con los vecinos del sector, quienes valoraron la labor realizada en una bajada de 33 metros, con escalera, pasamanos y roca compactada.

Justifican el plazo de casi medio siglo con trabajos que nadie pidió y sin consultar a la comunidad. Lo normal son 11 años y hasta 23, como la concesión actual.

Sandoval llamó a exigir compensaciones territoriales reales y vinculantes frente al impacto que dejará fuera del trayecto a las ciudades de Freire y Pitrufquén, con nuevos bypasses.

El parlamentario de Amarillos por Chile, perdió la diputación por Cautín y se integrará al Gobierno de José Antonio Kast.