Hasta hoy las instituciones financieras guardan información de mal comportamiento crediticio incluso aunque la deuda se haya pagado.
Stephanie Caminondo, Seremi de Justicia y Derechos Humanos.
El mensaje fue entregado a un cliente que presentó la solicitud con todas sus deudas al día hasta octubre de 2019, cuando comenzaron los problemas producto del llamado "estallido social". Sin embargo, desde esta fecha en adelante tiene morosidades, algo que según el gobierno no sería problema o impedimento para recibir este beneficio que busca ayudar a mantenerse en este tiempo sin cerrar. El mensaje fue recibido durante la administración del recién renunciado Arturo Tagle.
El presidente del directorio de CEPA Eugenio Tuma, ex senador y candidato a gobernador regional por La Araucanía, aseguró que “la actual emergencia sanitaria ha sido un duro golpe para la salud y la economía de nuestro país, pero está golpeando con más fuerza a los grupos vulnerables, como son los adultos mayores, a las PYMES y a los trabajadores independientes e informales que se han visto forzados a detener sus actividades".
La parlamentaria valoró el conjunto de medidas anunciado por el ejecutivo para reactivar la economía y ayudar a los pequeños empresarios luego de la pandemia por coronavirus, pero advirtió que muchos no podrían acceder a estos créditos por presentar morosidades en el sistema financiero.
Se trata de una iniciativa legal para aquellos padres que incumplen con el pago de la pensión alimenticia. Este proyecto de ley fue anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, el pasado Día de la Mujer, junto a la primera dama Cecilia Morel y al ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El 28 de febrero se publicó la ley que prohibe, al igual que con los servicios básicos, que se comunique información relacionada con las deudas contraídas con instituciones de educación superior, con bancos o instituciones financieras, o con la Corfo; ni alguna deuda contraída para obtener, para sí o para terceros, un servicio educacional formal en cualquiera de sus niveles.
Aunque el Gobierno es del Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli exigen cargos en las seremías más importantes de la región.
Justifican el plazo de casi medio siglo con trabajos que nadie pidió y sin consultar a la comunidad. Lo normal son 11 años y hasta 23, como la concesión actual.
Sandoval llamó a exigir compensaciones territoriales reales y vinculantes frente al impacto que dejará fuera del trayecto a las ciudades de Freire y Pitrufquén, con nuevos bypasses.
Criticaron además la difusión de un video donde la empresa responsabiliza al trabajo agrícola de la interrupción del suministro, debido a un accidente puntual en Vilcún.
El parlamentario de Amarillos por Chile, perdió la diputación por Cautín y se integrará al Gobierno de José Antonio Kast.
