Desde junio de 2024 Saesa, Frontel, Codiner y la CGE incluyen en las cuentas dos cargos que suman el 0,52% del valor de la cuenta, para futuras compensaciones.
En gran medida se debe a la falta de servicio eléctrico por parte de Frontel y Codiner. Además, los alumnos no están recibiendo la alimentación de Junaeb.
A raíz de la falta de energía, varios recintos educacionales hoy no podrán funcionar ni entregar la alimentación de Junaeb.
El objetivo de esta acción judicial es que las empresas respondan ante la justicia por todos los perjuicios causados en el contexto de los cortes de luz de agosto.
Luego de que sus clientes estuvieran hasta 20 días sin electricidad, las empresas se rehusaron a compensar a su usuarios a través del procedimiento normado.
Señalaron además, que están analizando acciones legales en contra de forestales, dueños de árboles particulares y municipalidades.
Desde Pitrufquén, Caivico y Curacautín cuentan que aún están sin electricidad.
La empresa se encuentra en el centro de la polémica debido a la prolongada falta de suministro eléctrico que afecta a cientos de familias.
Cientos de familias se mantienen aún sin servicio eléctrico en la región debido a las deficiente respuesta de la empresa luego del frente de mal tiempo.
Mientras decenas de escuelas rurales en la región se encuentran sin luz ni agua (los APR o bombas funcionan con energía eléctrica), la empresa se dio una semana de plazo para volver con el servicio total.
Queda a un lado de al Séptima Compañía de Bomberos de Temuco y en ella se refleja que el sacrificio, trabajo duro y el amor por la comunidad, sí tienen premio.
Raúl Narváez Reyes es imputado por falsificación o uso malicioso de documentos privados. En esta arista del Caso Convenios ya van 12 formalizados.
Diego Benjamín Huircán Soto realizó actos de relevancia y connotación sexual en contra de la vÍctimas de 11 y 13 años a esa fecha, en dependencias del Cendyr Náutico de Nueva Imperial.
La ley de Presupuestos del año 2026 disminuyó en más de un 30% los recursos destinados a la compra de computadores del programa Becas Tic's.
El organismo cuestiona que el oficial no haya sido informado de la calidad procesal en la que se encontraba y tampoco de los derechos que tenía como imputado.
