Piden incorporar delito de incendio en lugares de culto religioso en Código Penal
El proyecto de la senadora Carmen Gloria Aravena busca hacerse cargo de la serie de ataques a iglesias ocurridos durante los últimos años. "Hechos de este tipo en La Araucanía son prácticamente pan de cada día", explicó la parlamentaria.
La senadora Carmen Gloria Aravena presentó un proyecto de ley para que los ataques incendiarios a sitios de culto religioso sean considerados en el Código Penal como un delito y de esa manera se castigue a quienes han atentado contra iglesias en La Araucanía y el país en general.
Indicó: "todo Chile, especialmente quienes profesamos alguna religión, se ha visto afectado por los incendios ocurridos durante el último tiempo en la capilla de Carabineros San Francisco de Borja y la Parroquia Patrimonial Asunción, por nombrar los más recientes (…) muchos cristianos católicos vimos con tristeza e impotencia cómo caían sus torres, mientras los autores celebraban con algarabía un hecho que a todas luces atenta contra la propiedad privada y la libertad de culto, dos derechos que se encuentran incorporados en la actual Constitución".
La senadora (independiente pro RN) explicó: "hechos de este tipo en La Araucanía son prácticamente pan de cada día", precisando que de acuerdo a un informe de la Multigremial de La Araucanía, entre los años 2015 a 2017 ha habido más de 27 lugares de culto quemados intencionalmente. Hubo atentados incendiarios en el Santuario San Sebastián Pircunche, en la capilla Santa Joaquina (ambos de Padre Las Casas) y en la capilla Padre Hurtado, de Quepe, entre muchas otras.
Agregó: "a principios de abril de 2019, el templo evangélico de la Unión Cristiana, en Ercilla, también sufrió un atentado, donde se hallaron panfletos con la leyenda: 'Todas las iglesias serán quemadas', lo que se suma a ataques de la misma naturaleza a dos Iglesias el fin de semana recién pasado en la comuna de Victoria".
Cabe señalar que esta iniciativa se suma a otro proyecto de ley presentado por la parlamentaria, el cual busca endurecer las penas respecto a delitos que se cometan en contra de lugares dedicados a la religiosidad, subiendo en dos grados la pena asociada a este delito y las multas aparejadas, ya sea por la destrucción, vandalización o incendios intencionales.
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