En el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol comenzó el juicio en contra de 9 de 10 militares acusados por el delito de tortura que afectó a 5 jóvenes de Collipulli. Los hechos habrían ocurrido en octubre del 2020 y en donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos los imputó de secuestro.
La Región26/10/2022
Andrea González Lillo
Según los antecedentes que se dieron a conocer, el juicio se extendería por 11 días por la cantidad de evidencia pericial, documental y testimonial que se presentará a la Fiscalía y a la parte querellante (Indh), así como la defensa de los imputados, quienes arriesgan una pena de 10 años de prisión, sin embargo, al presentarse una acusación de secuestro, el cual sería una agravante, la pena podría aumentar en caso de ser condenados.
Por el lado de la parte acusatoria se encuentra el Fiscal Nelson Moreno, además de los abogados del Indh, Marco Rabanal y Pamela Nahuelco. En el lado de los militares acusados se desconoce quienes serán parte del grupo desfensor. Además, un militar aún no ha sido formalizado, por ende, se espera su posterior juicio en su contra.
El Ministerio Público, luego de cerrar la investigación, acusó a los uniformados de tortura, sin embargo, tras diligencias de parte del Indh y en donde participaron 5 víctimas, se optó por imputar a los militares por secuestro.
Dentro de la circunstancias agravantes se encuentran los hechos ocurrido en un predio forestal, a 2.5 kilómetros de Collipulli, en donde el 14 de octubre del 2020 dejaron a las víctimas abandonadas. Los autores del hecho presentaban una superioridad de fuerza en cuanto al número de personas y al porte de armas.
Las 5 víctimas han participado activamente aportando antecedentes para la investigación, mas aun, cabe destacar que la causa está bajo reserva, por ende, son pocos los detalles que se han podido conocer al respecto.
El Jefe del Indh comentó que el día de los hechos, las víctimas fueron trasladadas desde el radio urbano a un sector rural en un camión militar, amarrándoles las manos y siendo vendados de ojos y obligados a arrodillarse en el suelo. Luego de eso, los militares imputados simularon que los rociaban con una especie de líquido acelerante para encenderles fuego, además de “pasar balas” en sus armas simulando un fusilamiento.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
La consejera nacional indígena señaló que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas reales del pueblo mapuche.
Esta política educativa busca entregar mejores condiciones de aprendizaje a estudiantes autistas y a toda la comunidad educativa.
El director regional manifestó que se debe actuar con respeto a los derechos humanos y que seguirán con su rol de vigilancia, al igual que en todos los gobiernos.
La ley de Presupuestos del año 2026 disminuyó en más de un 30% los recursos destinados a la compra de computadores del programa Becas Tic's.
La Municipalidad de la capital regional obtuvo un comodato por 5 años e invertirá en reparaciones, inicialmente, 450 millones de pesos.
Se aprobó proyecto que busca otorgar estabilidad laboral a docentes municipales o de los SLEP que cumplan con requisitos de antigüedad y carga horaria.
La coordinadora del programa Habilidades Para la Vida (HPV), informó a distintos colegios de Temuco que la UFRO fue avisada que no podrá continuar ejecutándolo.
