Además, son cuatro los perfiles de "apoderados del banco" que autorizaron las transferencias por $157 millones, uno de ellos de la pareja del ex administrador municipal Hugo Vidal.
La Región15/05/2024
Equipo AraucaniaDiario
La denuncia ingresada en el Ministerio Público y en la Contraloría en el mes de marzo de 2023, por eventual fraude al fisco, según lo denunciado por el Alcalde de Curacautín Víctor Barrera (Independiente), correspondía a un monto de $80 millones de pesos.
Sin embargo, el trabajo del equipo experto de la Contraloría logró determinar que en realidad el monto defraudado era mayor, $157.00.000, los que fueron sustraídos tras una serie de transferencias electrónicas realizadas a través de la página de BancoEstado.
El principal involucrado, Carlos Salinas, luego de ser descubierto el hecho falleció tras un confuso accidente de tránsito en al ruta Victoria Traiguén, al estrellar su vehículo de frente contra un camión.
"Se determinaron para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 1 marzo de 2023, la existencia de transferencias bancarias improcedentes por la suma de $157.518.964, cuyos dineros fueron transferidos a la cuenta corriente del exfuncionario Señor Carlos Salinas, a pesar de que no era apoderado del banco y tampoco tenía asignado un token ...", dice el informe de la Contraloría, cuyo resultado adelantó AraucaniaDiario en diciembre pasado.
El Informe Final N°884, de 2023 señala en su numeral 7, que fueron cuatro (4) las funcionarias con el perfil de "apoderados del banco" que autorizaron las transferencias improcedentes, dentro de ellas, una es Yesenia Toledo, pareja del ex administrador municipal de Curacautín -periodo en el cual se produjo el Fraude- Hugo Vidal.
"En ese contexto, según la información proporcionada por BancoEstado ... se logró constatar que que los funcionario que autorizaron y provisionaron dichos abonos ... fueron doña Viviana Cid Garrido, directora de administración y finanzas, Yoselin Barrera Barrientos, profesional del departamento de Administración y Finanzas y Yesenia Toledo, habilitada de Finanzas ...", dice el informe de la CGR.
Además y de acuerdo a lo deducido por la Contraloría, para concretar la defraudación, distintos funcionarios se concertaron para que los registros contables calzaran, abultando partidas contables para así no levantar sospechas. "... Durante los meses de enero de 2020 a septiembre de 2021, la forma de encubrir el resto de transacciones irregulares, se justificaron en las conciliaciones bancarias de cada mes, específicamente como un componente más de la partida conciliatoria denominada "Cheques girados u no cobrados"", señaló la Contraloría.
De estas cuatro funcionarias municipales cuyos "token" o claves fueron utilizadas para realizar las transferencias al también funcionario municipal Carlos Salinas, sólo una fue formalizada por la fiscalía regional, Viviana Cid Garrido, a quien se le formalizó la investigación por el delito de Malversación de Caudales Públicos en forma de comisión negligente, por cuanto según la fiscalía, la funcionaria no supervisó el mal uno de estos recursos.
Además, se formalizó a la pareja de Carlos Salinas porque según la fiscalía regional debió haber sospechado o sabido de dónde venían los recursos adicionales de los que Salinas disponía y eventualmente gastaba con ella.
Sin embargo, las otras tres funcionarias municipales con cuyas claves se autorizaron las transferencias por más de $157 millones no fueron formalizadas, a pesar de los antecedentes entregados por el equipo experto de la Contraloría General de la República.
Emprendedores se defienden y denunciaron un aumento del hostigamiento, con registros fotográficos, grabaciones no consentidas e incluso amenazas personales.
Un reciente estudio advirtió una profunda brecha previsional y de protección social que afecta a casi dos tercios de quienes trabajan por cuenta propia.
1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas, sin que se denunciara lo ocurrido.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
La consejera nacional indígena señaló que se trata de una fórmula fracasada que no responde a las demandas reales del pueblo mapuche.
La Municipalidad de la capital regional obtuvo un comodato por 5 años e invertirá en reparaciones, inicialmente, 450 millones de pesos.
La coordinadora del programa Habilidades Para la Vida (HPV), informó a distintos colegios de Temuco que la UFRO fue avisada que no podrá continuar ejecutándolo.
Esta política educativa busca entregar mejores condiciones de aprendizaje a estudiantes autistas y a toda la comunidad educativa.
Doctora Andrea Chávez, Neuróloga, Brain Treatment Center Chile.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
