La parlamentaria acusa al jefe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de no fiscalizar a Codiner, Frontel (Saesa) y a la CGE.
La Región08/08/2024
Equipo AraucaniaDiario
La región de La Araucanía es la segunda región, tras la Metropolitana, con mayor cantidad de personas damnificadas por el corte de energía eléctrica tras los frentes de mal tiempo de las últimas semanas. Más de 62 mil familias han resultado afectadas, derivando en perjuicios vitales en personas electrodependientes, la pérdida de medicamentos que requieren refrigeración o la falta de servicios básicos, como la falla de los sistemas de agua potable rural que abastecen hogares, colegios y postas.
Todo esto ha provocado manifestaciones en diferentes puntos de La Araucanía, exigiendo la rápida reposición del servicio, pero además, se han levantado críticas que apuntan a una mala prestación por parte de las empresas eléctricas desde hace años y una nula fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
A raíz de esto, la diputada Ñanco ofició a la SEC para que informe respecto a los planes de emergencia presentados por las empresas eléctricas que operan en La Araucanía y constatar si éstos se han cumplido durante la reciente emergencia; además de solicitar los resultados de las fiscalizaciones efectuadas a las entidades privadas en los últimos 12 meses.
“Si bien es cierto los principales responsables de la lentitud en la reposición de la energía son las empresas privadas, existe un ente estatal encargado de su supervigilancia y luego de días sin respuestas concretas a la población, es evidente que la dirección regional de la SEC muestra un déficit en su misión de velar por un buen servicio energético” declaró la diputada Ñanco.
Agregando que “en mi rol de fiscalizadora tengo la responsabilidad de velar por el bienestar de la ciudadanía, y es ésta quien me ha manifestado su descontento con las respuestas entregada por las empresas eléctricas y la SEC”.
Los vecinos al enterarse de lo sucedido intentaron ajusticiar a Juan Carlos Vitayo Martínez, pero sólo lograron quemar su automóvil, siendo detenido por Carabineros.
Rodrigo Camelio fue condenado por el Juzgado de Letras de Traiguén, al pago de una indemnización de 5 millones más 6 remuneraciones a su extrabajadora.
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Esta política educativa busca entregar mejores condiciones de aprendizaje a estudiantes autistas y a toda la comunidad educativa.
El director regional manifestó que se debe actuar con respeto a los derechos humanos y que seguirán con su rol de vigilancia, al igual que en todos los gobiernos.
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