Gran noticia: Congreso aprueba el fin de la "Tombolita"
A partir de 2025 (para matrículas 2026), el Sistema de Admisión Escolar (SAE) no será obligatorio. Solo falta la ratificación del Senado la próxima semana.
Margaret Satterthwaite se refirió además a las influencias indebidas en el nombramiento de jueces, al crimen organizado y al rol de la prensa.
Chile y el Mundo12/08/2024Equipo AraucaniaDiarioLa relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados Margaret Satterthwaite, emitió sus observaciones preliminares respecto al sistema judicial de Chile, tras una visita oficial a nuestro país donde se reunió con distintos actores de la sociedad, incluyendo jueces y defensores públicos.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU designó dicho cargo por un periodo de tres años, ante el alza en la frecuencia de los ataques contra la independencia de jueces, abogados y funcionarios judiciales.
Satterthwaite es académica y abogada de Derechos Humanos, con décadas de experiencia. Es profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde dirige la Clínica de Justicia Global y trabaja como directora académica del Instituto Robert y Helen Bernstein para los Derechos Humanos y del Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global.
En sus observaciones, la relatora evidenció una diferencia en el acceso a la justicia en nuestro país. “Mis interlocutores, entre ellos varios jueces, también me han señalado que existe una justicia para ricos y otra para pobres, y que las experiencias de los usuarios de la justicia dependen de sus medios económicos, su clase social y sus conexiones”, dijo la mujer.
Además, la relatora de la ONU denunció "orientaciones" que se dan a los fiscales, para solicitar prisión preventiva dependiendo de las categorías sociales de los imputados. “... orientaciones dadas a los fiscales para solicitar la prisión preventiva cuando los agresores pertenecen a determinadas categorías sociales”, comentó.
“Escuché de muchos sectores que es valiosa la participación de los tres poderes en los nombramientos judiciales; si se mantiene esa participación, deben eliminarse los espacios para influencias indebidas”, dijo la relatora, haciendo referencia a la forma en que se eligen los jueces, mediante el sistema de ternas donde seleccionan sus superiores y elige el ministro de Justicia.
“La urgencia de reformar el sistema de nombramientos judiciales ha quedado patente en recientes investigaciones periodísticas. Estas revelaron mensajes que apuntaban a tráfico de influencias en el nombramiento de jueces y otros cargos de designación judicial”, agregó.
"Estos procedimientos (nombramientos ) deben ser transparentes, basarse en criterios preestablecidos y basados en los méritos, y contar con la participación activa de la sociedad civil para eliminar influencias indebidas. Además, recomiendo que los decretos sobre decisiones de nombramiento reflejen claramente los motivos de cada nombramiento”, dijo Satterthwaite.
“Si bien es cierto que Chile se enfrenta a nuevos y complejos desafíos, las respuestas al crimen organizado y a los fenómenos delictivos relacionados deben basarse en pruebas y no ser reactivas“, dijo la mujer y manifestó que jueces y fiscales deber ser protegidos.
“Los jueces y fiscales amenazados deben recibir protección inmediata. Sin embargo, me preocupa que quienes configuran la política de justicia penal estén favoreciendo un enfoque punitivo frente a otro basado en los derechos humanos, lo que supone una mayor presión sobre el sistema judicial“, manifestó.
Margaret Satterthwaite se refirió además a la cobertura periodística de los temas judiciales y a la protección de la presunción de inocencia de los imputados, donde "se presume la culpabilidad de los presuntos autores o no se explican las normas jurídicas aplicables”.
“En el contexto de una mayor preocupación pública por la seguridad, dicha cobertura puede ejercer una presión indebida sobre jueces y fiscales y posiblemente debilitar la confianza pública en la administración de justicia”, manifestó Satterthwaite.
A partir de 2025 (para matrículas 2026), el Sistema de Admisión Escolar (SAE) no será obligatorio. Solo falta la ratificación del Senado la próxima semana.
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