Ciudadanas de segunda: el peso de la impunidad en la política local

En días recientes, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, hizo una afirmación contundente durante su visita a nuestra ciudad: “No nos podemos dejar de preguntar si es que fueran delitos de otro tipo, por ejemplo un robo, en estado de formalización y no aún condena, si se permitiría que se presentaran esos candidatos. Eso nos muestra que todavía tenemos una cultura que considera que la violencia contra las mujeres es un delito de segundo orden cuando, al revés, es uno de los delitos más denunciados de nuestro país”. Sus palabras no solo resuenan con la realidad, sino que también subrayan una verdad incómoda que, como sociedad, nos negamos a enfrentar: la violencia contra las mujeres sigue siendo minimizada, tratada como un asunto secundario.

En este contexto, nos encontramos en plena preparación para un nuevo proceso electoral. En apenas 80 días, deberemos elegir a nuestras nuevas autoridades locales: concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. En teoría, se espera que los candidatos sean personas íntegras, hombres y mujeres que han pasado “la prueba de la blancura”. Sin embargo, en nuestra región de la Araucanía, no todos parecen cumplir con este estándar.

El caso de Javier Jaramillo, actual alcalde de la comuna de Victoria y candidato a la reelección, es emblemático. Formalizado por abuso sexual y violación, Jaramillo, quien hasta hace poco militaba en el PPD, ha inscrito su candidatura como independiente, buscando retener su cargo. La situación es, por decir lo menos, alarmante.

¿Qué hubiese sucedido si en lugar de estar formalizado por delitos sexuales, el alcalde hubiese sido acusado de robar en un supermercado? ¿O de desfalcar a la Municipalidad? O incluso, por un delito menor como conducir en estado de ebriedad. La respuesta es clara: habría sido inmediatamente sancionado por la opinión pública, su nombre estaría en boca de todos y su carrera política estaría en ruinas. Estos son considerados delitos de “primera categoría” por la sociedad, delitos que no merecen la más mínima indulgencia.

Pero cuando el delito en cuestión es la violencia contra las mujeres, la respuesta es distinta. Siempre surge la duda, se busca justificar lo injustificable: “quizás ella se lo buscó”, “quizás fue en venganza”. Se tiende a proteger la honra del “señor” alcalde, mientras se pone en tela de juicio el testimonio de la víctima.

Es una situación lamentable. Cuando las arcas del municipio son saqueadas o cuando un vehículo municipal es destruido en un choque, no se siente el mismo dolor, vergüenza o revictimización que experimentan las mujeres denunciantes. Estas mujeres, que una y otra vez ven cómo la imagen del candidato se despliega en redes sociales, en gigantografías, recordándoles el poder que las silenció durante tanto tiempo.

Mientras continúen existiendo delitos de segunda categoría, y mientras esos delitos involucren a mujeres como víctimas, se perpetuará la idea de que las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría. Esto no es solo una afrenta a la justicia, sino un reflejo de una sociedad que aún tiene mucho que cambiar. Las palabras de la ministra Orellana deben ser un llamado de atención: es hora de que la violencia contra las mujeres sea tratada con la seriedad que merece,