El parlamentario reiteró su inocencia en el caso Convenios y señaló que no existe registro histórico de alguien que haya sido reingresado 5 veces a prisión preventiva.
La Región04/12/2025
Equipo AraucaniaDiario
El diputado Mauricio Ojeda, formalizado en el caso Convenios arista Manicure, por un fraude cometido por la empresaria Rinett Ortiz, quien se apropió y gastó indebidamente más de 730 millones de pesos, cuenta desde su casa la persecusión de la que ha sido objeto por parte de personas en la fiscalía regional de La Araucanía.
"Aquí hay personas detrás, con nombre y apellido, que evidentemente han buscado destruirme y hacer una persecución. En algún momento tuve mis dudas respecto a si era así o no, que podían haber confusiones, etcétera, pero hoy día ya con la evidencia, me he dado cuenta de que no. Evidencia que en el camino va a ir quedando de manifiesto de a poco", dice Mauricio Ojeda en un video en vivo que hizo ayer desde su cuenta de Instagram, en su domicilio en Villarrica, donde llegó tras quedar con arresto domiciliario total, gracias a un cambio de medidas cautelares concedido por el Juzgado de Garantía de Temuco.
"Ser perseguido descaradamente no se lo deseo ni a mi peor enemigo ... esto tardará, pero no descansaré hasta conseguir justicia. Seguiré contándoles muchas cosas que no quieren que las diga. Si luché antes por la libertad y la injusticia, ahora será con todo y no por mí, si no por los que vienen. El poder absoluto de la Fiscalía, se transforma en peligroso para la Democracia", manifesta el diputado.
Ojeda, quien desde un comienzo ha mantenido su inocencia en el fraude que realizó su amiga Rinett Ortiz y su hermano Juvenal, reiteró no haber "metido las manos" y que como ha dicho innumerables veces, se equivocó en confiar en ella y hacerle un favor (prestarle dinero y conseguirle con amigos otro tanto).
En efecto, cabe señalar que la fiscalía regional acusa al diputado Mauricio Ojeda -y logró su desafuero-, en base a hechos donde Ojeda le prestó alrededor de $40 millones a la mujer y luego ésta le devolvió lo prestado, más los intereses que le habían cobrado al diputado para obtener adelantos de su tarjeta de crédito y por el crédito que pidió para pasarle el dinero, lo que Ortiz le pagó con recursos adjudicados en dos programas de manicure del Gobierno Regional (GORE).
El tema, según la fiscalía, es que Ojeda habría ayudado a Ortiz para que presentara los dos programas al GORE y que sabría de dónde provenía el dinero que la mujer le devolvió.
Sin embargo, lo que llama la atención es la peculiar insistencia de la fiscalía regional de La Araucanía en dejar a Ojeda en prisión preventiva, ya que por ejemplo, en el caso de la principal imputada Rinett Ortiz, quien se encuentra ya hace meses en su hogar, cuando se le concedió su último cambio de medidas cautelares y quedó en libertad, la fiscalía no apeló.
Ojeda ha sido ingresado cinco veces a prisión preventiva, luego de que un juez de garantía considerara que puede quedar en libertad y esta última vez, la fiscalía regional volvió a apelar para hacer que reingrese por sexta vez a prisión preventiva.
Muy distinto ha sido el trato que ha recibido la diputada de izquierda (Frente Amplio) Catalina Pérez, donde por acusaciones similares, pero por tres delitos de fraude al fisco -a Ojeda lo acusan de dos-, nunca ha pasado un día en prisión preventiva.
¿La única diferencia evidente? Ojeda es diputado de derecha, cercano al Partido Republicano y Catalina Pérez no, ella pertenecía a Revolución Democrática, hoy Frente Amplio.
Según la Fiscalía Regional de Antofagasta, la diputada Pérez estaba en conocimiento de un acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras, entonces seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y Daniel Andrade, representante de la fundación Democracia Viva y entonces pareja de la diputada, para suscribir tres convenios de manera irregular entre el Minvu y la fundación, con el objetivo de intervenir en campamentos de Antofagasta, sin que se ejecutaran las obras, desviando más de $400 millones a sus bolsillos.
Los convenios se suscribieron entre septiembre y noviembre de 2022 y se realizaron transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre de 2022; $170.000.000 el 29 de noviembre de 2022; y $56.000.000, transferidos el 19 de diciembre de 2022, los cuales nunca habrían llegado a sus beneficiarios finales en los campamentos de Antofagasta, repartiéndose -presuntamente- los recursos entre los tres.
Así, el supuesto beneficio de Ojeda habría sido que le devolvieran un préstamo más los intereses que pagó, mientras que los presuntos beneficios de la diputada Catalina Pérez y sus cómplices, $426 millones de pesos.
Las filtraciones de la fiscalía regional de La Araucanía a la prensa -que constituirían delito- no solo han quedado de manifiesto en el caso de Mauricio Ojeda, cuando a un medio de comunicación regional se le filtró el episodio del celular destruido por el hijo de Ojeda, en plena investigación y con la carpeta de investigación "reservada", sino también en otro bullado caso regional.
Se trata de la declaración que Juan Pablo Leonelli dio a la fiscalía regional cuatro días antes de las elecciones de gobernador regional y donde con un claro interés electoral, a la fiscalía dirigida por fiscal regional Roberto Garrido "se le filtró", lo que Leonelli había dicho en una declaración secreta ante el fiscal que lleva la causa, sin que ningún abogado hubiese podido leer siquiera tal declaración, la que fue publicada por radio Bíobío el viernes antes de la votación.
Ninguno de los dos casos mencionados se investiga hoy.
"La fiscalía realiza filtraciones a la prensa de los casos que a ellos le importan y filtran solamente lo que a ellos les interesa filtrar. "El pedacito de la conversación", el pedacito del audio que a ellos les conviene, ¿para qué? Para que la ciudadanía se haga una idea a través de los medios de comunicación, de que aquí hay una culpabilidad", dice Ojeda.
"... y entrega la filtraciones completamente descontextualizadas. Falseando el contenido real finalmente. ¿Por qué digo que lo hablo con propiedad? Porque a mí la fiscalía, mientras yo fui periodista, también me filtraron cosas", agrega el diputado.
"También me filtraron cosas, lo que a ellos les convenía, lo que ellos querían levantar como noticia, ¿para qué?, para generar una presión social a través de los medios de comunicación y que cuando el imputado llegue delante del juez, el juez diga: "Caramba, tengo a una sociedad completa que está detrás y que vio las noticias y que escuchó que este tipo poco o menos que ya era culpable previo al proceso"", puntualiza Ojeda.
"Es una presión indebida que genera la fiscalía y lo digo con todas sus letras y con responsabilidad, porque soy testigo presencial, porque conmigo lo hicieron. Cuando era periodista y trabajaba en los canales de televisión, a mí me filtraban la información para la prensa. Y la filtran desde carpetas investigativas que son de carácter reservada. Y cuando las investigaciones son reservadas, son protegidas por la ley", añade el diputado y donde insistimos, hasta la fecha nadie investiga las dos filtraciones que mencionamos antes.
quién filtra una información de esa carpeta reservada está cometiendo un delito
"Y quién filtra una información de esa carpeta reservada está cometiendo un delito. Quien sea. Un fiscal o si mandó a un asistente, a quien sea, a filtrar, está cometiendo un delito", señala el parlamentario y en efecto así es, ya que la filtración de información desde las carpetas investigativas constituye el delito de obstrucción a la investigación, al menos.
"¿Qué pasa en mi caso? Cuando la carpeta investigativa mía estuvo reservada, hubo filtraciones, hubo filtraciones y totalmente descontexualizadas, completamente. ¿Por qué? Porque la fiscalía quería generar en la sociedad, a través de los medios de comunicación, que este diputado robó, que es ladrón, que etcétera, quiere generar esa sensación", agrega Mauricio Ojeda.
"Y por eso digo que es tremendamente peligroso que la fiscalía, después de más de 20 años sin tener un órgano fiscalizador, haga lo que quiera. Se transformó en un poder peligroso el que maneja la fiscalía hoy", puntualiza el diputado, que hoy está a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Temuco y si tendrá que volver a ingresar -por sexta vez- a prisión preventiva, mientras la diputada de izquierda Catalina Pérez no ha pasado un día en la cárcel y Rinett Ortiz, la mujer que recibió los $730 millones de pesos del GORE y se los gastó, está ya en su casa hace meses sin que la fiscalía apelara a su cambio de medida cautelar.
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