“El tres de febrero, aquí se vivió un infierno, un infierno realmente, fue muy desolador, mucha tristeza, mucho grito, mucho llanto de todos nosotros, de toda la gente de acá del sector, mucho fuego, mucha desesperación, era como una lengua de fuego que venía", dijo Soledad Carrillo, quien recibió el beneficio.
1.785 viviendas resultaron destruidas en tres regiones y a casi dos meses del inicio del siniestro, donde aún no se cuenta con información detallada sobre los afectados y los beneficiarios por parte del Gobierno Central, solo se ha entregado una vivienda por parte del Gobierno.
Entre los tips para lograr recuperar suelos mencionó el arar, para así evitar que la lluvia sólo corra por la superficie afectada y se erosione.
Mientras la intencionalidad en la Región del Maule alcanza al 10%, en las Regiones del Biobio y De la Araucanía alcanzan 67% y 57% respectivamente. Asimismo, los ataques incendiarios y ataques armados en la Macrozona Sur se mantienen en niveles similares en el periodo Enero y Febrero durante los últimos tres años, con 36 en el 2021, 29 en el 2022 y 33 en el 2023.
El fin de semana, la autoridad realizó además un catastro sobre la instalación de viviendas de emergencia, se reunió con Conaf para analizar el incendio en el sector Bochoco y sostuvo encuentros de trabajo con los alcaldes de Traiguén, Victoria y Nueva Imperial.
Los combatientes forestales salvaron además un pequeño "monito del monte". Ambos fueron liberados en un lugar que les permita seguir viviendo en la naturaleza.
El parlamentario criticó las alusiones del ministro Montes a que parte de los incendios son propagados por conejos, lo que calificó como una burla hacia los afectados en La Araucanía.
El ex senador y ministro de la Vivienda dijo que había aprendido que los conejos al quemarse y correr hacia otros lugares, iniciarían focos de incendios en zonas que no estaban incendiadas.
La autoridad explicó que el objetivo es que las zonas reconstruidas queden mejor de como estaban antes de la emergencia. Asimismo, enfatizó que, de manera paralela, el Gobierno ha continuado coordinándose con Carabineros y la PDI para reforzar la seguridad en la región.
Las empresas con más de 200 hectáreas de bosques deberían pagar al municipio respectivo un impuesto de 20 UTM por hectárea explotada y los gastos en que incurran en el combate de los incendios forestales.
Gran parte de los siniestros que han afectado la región -25% dijo la ministra del Interior- fueron causados intencionalmente.
