Antonella Saffirio Rodríguez
No obstante los nombres que "sonaban" como posibles delegados presidenciales regionales del Presidente electo, como Ricardo Celis, Luis Levi o el ex gobernador de Cautín José Montalva, finalmente Gabriel Boric dio a conocer quién ocupará el cargo más importante dentro del gobierno en La Araucanía, el académico Raúl Allard Soto, el que reemplazará a Víctor Manoli.
Políticamente independiente, es abogado, magíster en Salud Internacional y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una destacada trayectoria como académico en distintas universidades y como asesor jurídico en instituciones públicas como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el ISP y el Sename.
Actualmente es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público de la Universidad de la Frontera y miembro del Centro de Estudios y Promoción de Derechos Humanos de esa casa de estudios.
Cabe destacar que este cargo, especialmente en la Araucanía, es de especial importancia producto del conflicto en la Macrozona Sur, y que los delegados presidenciales siguen concentrando atribuciones de seguridad.
En relación a la Convención Constitucional, Allard manifestó en una columna de opinión: "Como nunca antes, existe la oportunidad histórica de tener una nueva Constitución formulada democráticamente en Chile, a través de una Convención Constitucional paritaria que incluye escaños reservados del pueblo mapuche".
"La nueva Constitución puede abarcar disposiciones constitucionales transitorias que faciliten y ofrezcan un marco a la acción de los poderes constituidos para desarrollar y llevar a cabo el tan esperado y necesario diálogo entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche", agregó.
"Este conflicto de naturaleza política entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche se arrastra ya por casi 150 años afectando especialmente los territorios de la Región de La Araucanía y de la provincia de Arauco de la Región del Bío-Bío. Mientras más se retarda la actuación política del Estado de Chile más se radicalizan las posiciones en los territorios afectados. ¿Cómo debe abordar este conflicto el Estado de Chile? Atendida su naturaleza política y el carácter multidimensional de sus efectos –seguridad, tierras, depredación del medio ambiente y desarrollo sostenible, justicia, discriminación y pobreza– es necesario incorporar en nuestra Constitución Política aquellas condiciones legislativas básicas que habiliten el desarrollo de las conversaciones entre el gobierno de Chile y el pueblo mapuche orientadas a alcanzar un acuerdo estable y duradero", expresó además.
