En uno de lo episodios más vergonzosos de la justicia chilena, Carabineros y funcionarios públicos utilizaron pruebas falsas para meter a la cárcel a 8 comuneros mapuche en 2017.
La Región26/07/2023
Equipo AraucaniaDiario
La llamada "Operación Huracán" permitió que ocho comuneros mapuche, en teoría en ese momento pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y a la Weichan Auka Mapu (WAM), fueran detenidos en septiembre de 2017 y que con gran cobertura mediática quedaran en prisión preventiva en cárceles de Concepción, Valdivia y Angol. Entre ellos Héctor Llaitul y su hijo Ernesto.
Además, fueron privados de libertad el machi Fidel Tranamil, los hermanos Rodrigo y Jaime Huenchullán -de la comunidad Autónoma de Temucuicui-, David Aedo Cid, Martín Curiche y Claudio Leiva. Entre los delitos que se les imputaba, estaban la asociación ilícita terrorista, debido a una supuesta coordinación de estas personas para cometer atentados incendiarios en la zona comprendida entre el Bíobío y Los Ríos.
Sin embargo, las pruebas utilizadas por la fiscalía regional -a cargo de Cristian Paredes en ese entonces-, para que la jueza de Garantía permitiera la detención de los ocho comuneros mapuche, los allanamientos a sus viviendas y la incautación de sus pertenencias, eran falsas.
En efecto, Carabineros -según ellos a petición del fiscal Luis Arroyo- había solicitado autorización para implantar y usar un supuesto programa espía llamado "Antorcha", en los celulares de los comuneros investigados; con lo cual habían obtenido supuestas copias de mensajes que les permitían asegurar su participación en atentados incendiarios y su coordinación para cometer otros a futuro.
Finalmente, de lo anterior se culpó a Carabineros, se liberó a los comuneros mapuche y se inició una causa en contra de diez funcionarios de la institución y del civil Alex Smith Leay, el "profesor" que supuestamente había inventado este programa.
A los acusados se les imputa diversos delitos consumados como son asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa.
Y luego de cinco años, en los que los defensores dilataron lo más posible a preparación del juicio oral, así como por supuesto, su inicio, ayer la jueza Marcia Castillo Monjes dio por finalizada la etapa de debate y agendó para el próximo lunes 31 de agosto a las 09:00 horas la lectura del auto de apertura.
En este documento se deben incluir todas las pruebas y antecedentes que se van a llevar al juicio oral; en el cual finalmente podría quedar en evidencia la participación de fiscales de la Fiscalía Regional de La Araucanía, en los ilícitos que se investigaron y donde las defensas de los ex carabineros imputados ya lo han señalado. Sin embargo, ninguno ha sido formalizado hasta el momento.
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