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La exhumación del cuerpo del joven integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Pablo "Toño" Marchant, weichafe no mapuche de Santiago, que se unió a la causa indigenista en la Macrozona Sur, es necesaria para establecer fehacientemente su causa de muerte.
La versión oficial, apoyada también por la fiscalía regional de La Araucanía, dice que Marchant fue abatido por Carabineros en un enfrentamiento armado, sin que le quepa responsabilidad penal a los efectivos policiales, que concurrieron ese día en auxilio de los trabajadores forestales que estaban siendo atacados por el joven de la CAM y sus acompañantes.
La autopsia, realizada en su momento por el Servicio Médico Legal (SML), sólo confirma la versión oficial, sin ahondar en los dos disparos que habría recibido Pablo Marchant y le quitaron la vida.
Sin embargo, la madre del joven militante de la CAM no quedó tranquila y haciendo eco al mismo tiempo de lo que decían desde la Coordinadora Arauco Malleco, comenzó a indagar si su hijo había sido "ejecutado" de manera posterior a su captura, a diferencia de lo que decía la versión oficial.
Y ahí entra el famoso médico forense Luis Ravanal Zepeda, reconocido experto chileno, vicepresidente de Asociación Mundial de Medicina Legal (WAML) y quien ha determinado "la verdad" en varios casos de "muerte accidental", que resultaron ser homicidios bien planificados y que fueron hábilmente ocultados.
Ravanal, por ejemplo, fue quien determinó científicamente que Macarena Valdés, activista ambiental encontrada muerta colgada de una viga de su casa, en agosto de 2016 en Panguipulli, no se había suicidado.
La mujer encabezaba una lucha en la comunidad mapuche Newen de Tranguil en contra del proyecto hidroeléctrico que la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena Saesa, pretendían instalar en esa zona de la Región de Los Ríos.
Su muerte fue catalogada como un suicidio, tanto por Carabineros como por el SML, tesis que no aceptó su familia, por lo que reunieron dinero para financiar la realización de nuevos peritajes a cargo del especialista Ravanal, quien determinó que la mujer fue asesinada. "No habían signos que demostrasen que se tratase de un ahorcamiento en vida, es decir, en el área más importante, que es el cuello, que es donde una persona cuando está con vida se lesiona producto del ahorcamiento", informó Ravanal luego de su peritaje.
"En estas circunstancias siempre va a tener signos de vitalidad, signos de hemorragia, lesiones en los tejidos, en los órganos, lo que no ocurre en un cadáver, donde estos signos están ausentes cuando se suspende o cuando se trata de simular un ahorcamiento", explicó además.
Y fue justamente Luis Ravanal, quien haciendo un peritaje a la evidencia disponible, fotografías y pruebas, determinó que Pablo "Toño" Marchant no falleció del disparo que recibió en el enfrentamiento con Carabineros, sino que habría sido ejecutado a corta distancia con un segundo disparo realizado directo al rostro.
Lo anterior, convenció al juez de garantía de Carahue, para investigar lo que dice la madre del joven, de manera que reabrió la investigación y acogió la solicitud de realizar una segunda autopsia, esta vez por el propio Ravanal; lo que dará tranquilidad a la mujer y su familia, permitiendo hacer justicia si corresponde.
Pero nada es fácil, ya que una vez vencida la natural oposición del Poder Judicial, apareció la CAM y no le permitió a la madre exhumar el cuerpo del joven integrante de la organización, sin que hasta el momento lo hayan podido hacer y donde incluso la semana pasada, cuando concurrieron 250 efectivos policiales y del Ejército, no fue posible.
Así las cosas y en lugar de ir hasta Lumaco, ingresar al fundo Poluco Pidenco y exhumar el cuerpo de Pablo Marchant, con los medios que sea necesario, el Gobierno salió a decir que renuncia a realizar la diligencia porque no están las condiciones para hacerlo, es decir, porque la CAM no se los permite, Ejército de Chile -jamás vencido- de por medio.
“Yo creo que sería arriesgado, digamos, intentarlo hacer muy pronto, pero en algún momento se va a tener que hacer. Por lo tanto, es una acción que en el tiempo se va a determinar cuándo es la oportunidad. En este momento yo creo que sería no oportuno, digamos, realizar esto”, dijo Leopoldo Rosales, delegado regional presidencial (s) de La Araucanía.
Y lo que es peor, la propia fiscalía regional de La Araucanía, a través de su fiscal regional Roberto Garrido, mantuvo lo señalado y también manifestó que no se podría realizar la diligencia, es decir renunció a investigar y a entregar justicia a la madre de Marchant.
“Hay que evaluar si vale la pena realizar una diligencia, en términos de que se arriesgue la vida de otras personas, sobre todo considerando que es la propia organización armada, la CAM, que hoy impide la realización de la diligencia”, manifestó Garrido.
¿Se rindió el Gobierno ante la CAM?, juzgue usted, a nosotros nos parece que sí.
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