Re-activación económica y Ley de Costas

Opinión 15 de julio de 2020 Por Yuliana Montiel
Por Juan Carlos Cisternas Friz, Abogado y académico de la Universidad Autónoma de Chile. Doctorando en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid.
Juan Carlos Cisternas Friz de la Universidad Autónoma.
Juan Carlos Cisternas Friz de la Universidad Autónoma.

En los últimos días se dio a conocer por los medios de comunicación un escenario complejo en la comuna de Cartagena. Con asombro la comunidad observó como el nivel del mar produjo la desaparición de una de las playas históricas del país. Sin embargo, el hecho fue calificado como “puntual”. En La Araucanía, este tipo de acontecimientos nos hace recordar el desmoronamiento del restaurante Boca Budi en Puerto Saavedra en Junio de 2019, producto de la intensidad del oleaje marino. 
 
Al respecto, cabe recordar que la comunidad científica internacional, ha manifestado que Chile cuenta con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático, uno de los cuales dice relación con zonas costeras bajas. En efecto, el cambio climático y el aumento constante del nivel del mar es un asunto de suma complejidad, en atención a la gran cantidad de población y actividad productiva que se desarrolla en las zonas costeras. 
 
En el caso de nuestro país, que cuenta con 6.435 kilómetros de costa, el asunto es paradigmático; la interacción de la actividad económica multisectorial, el medio ambiente y nuestra diversidad cultural así lo demuestran. Por su parte, de acuerdo con el Índice de Riesgo Climático Global de 2019 (Eckstein, Hutfils, & Winges, 2018), que mide el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos basado en las muertes y pérdidas económicas, Chile se encuentra en las posiciones más riesgosas, ocupando el puesto 16 entre 181 países. 
 
Frente a este escenario, cobra real importancia saber interpretar el plan de reactivación económica de Chile post Covid, y su compatibilidad con elementos multisectoriales que confluctuan en la zona costera. De esta manera, el Gobierno, el 24 de Junio de 2020, anunció US$24.000.- millones para la reactivación económica de Chile, teniendo como principales objetivos: el desarrollo de infraestructura, el incentivo a la actividad privada y subsidios de emergencia para la población más vulnerable. Por otra parte, en abril de 2020 Chile fue el primer país en evacuar su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), que tiene por objeto informar a la Convención Marco de la Naciones Unidad sobre Cambio Climático, acerca del plan de desarrollo sustentable del País, anunciando una fuerte inversión en proyectos verdes. Con lo anterior, cabe preguntarse si frente a este nuevo escenario, nuestro país podrá lograr tales objetivos en el sector específico costero, teniendo en cuenta la grave recesión que vivimos. 
 
En el caso particular de la Novena Región, además, el Gobierno no puede olvidarse del plan denominado "Plan Impulso Araucanía". En este caso el asunto es aún más complejo en la zona costera, ante los evidentes riesgos y menoscabos que está causando el aumento del nivel del mar. En efecto, la ruta de la Costa Araucanía se extiende en unos 142 kilómetros desde la comuna de Saavedra a Toltén, con un desarrollo eminetemente turístico y culinario. En este sector, conviven pescadores de caletas artesanales, comunidades lafkenches, agricultores, pequeñas pymes, entre otros. 
 
Es por tanto urgente que el Estado se haga cargo y brinde especial protección a la zona costera de La Araucanía, sin olvidar la desigual distribución de los ingresos en esta región, con el objeto de evitar que se consumen riesgos, a estas alturas previsibles. Una solución, más allá de los trabajos de enrocamiento de urgencia que promueve el MOP, pasaría por desarrollar un sistema de defensas costeras, tal como lo ha hecho Italia y otros países de la Unión Europea, con la finalidad de mitigar los principales riesgos asociados a la erosión y reducción del borde costero. 
 
Por tanto, el actual proyecto de ley de costas (boleton 8.467-12), que pretende unificar la regulación del sector, tiene un enorme desafío en orden a compatibilizar la protección de todos los sujetos, la ejecución de infraestructura crítica y además cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable, que ha comprometido Chile frente a la comunidad internacional. 

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