Héctor Llaitul adelanta que su juicio será "esencialmente político"

Fue capturado en un aparatoso operativo policial donde la Policía de Investigaciones (PDI) lo detuvo mientras almorzaba en un céntrico restaurant en Cañete, para luego ser trasladado en helicóptero a Temuco y ser formalizado por la llamada Ley Maldita, o ley de Seguridad Interior del Estado, que en esencia y el motivo por el cual la izquierda critica su aplicación, busca castigar a las personas por su pensamiento.

Este cuerpo legal data de 1958, promulgada por el entonces Presidente Carlos Ibáñez del Campo y reformada por el régimen militar en 1975. La también llamada "Ley Maldita", explica la profesora Myrna Villegas, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tuvo por objeto perseguir a enemigos políticos internos, particularmente el Partido Comunista. "... tiene por finalidad reprimir conductas que tienen un objetivo político, eso no se puede soslayar", aseguró la académica.

Para la profesora basta con las reglas generales del Código Penal para enfrentar delitos asociados a la expresión de ideas o incitación, por lo que esta ley no debería existir en nuestro ordenamiento. "Sobre todo si se tiene en cuenta que contempla normas que no resisten ningún análisis desde el punto de vista de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, como las que dicen relación con la difusión de ciertas ideas, las relativas a la apología o a la incitación a subvertir el orden constitucional", puntualizó la docente, en un análisis realizado a raíz del llamado estallido social.

"A mí me parece que antes de aplicarlas debe realizarse un control de convencionalidad en relación a estos tratados, para deslindarlas de la libertad de expresión", agrega Villegas.

Juicio esencialmente político

Respecto a su juicio, fijado para marzo de 2024 y donde según la Ley, debiera de haberse programado a más tardar para enero del próximo año, Llaitul desde ya anuncia que será "esencialmente político".

"Mi situación es la siguiente; fui detenido en agosto del año pasado, por una querella presentada en el gobierno de Piñera y después ampliada en el gobierno de Boric. Una querella por Ley de Seguridad del Estado, que al momento de mi detención, contaba con 3 años de investigación al respecto", explicó Héctor Llaitul a través de una comunicación enviada desde la cárcel de El Manzano, en Concepción, donde está recluido desde poco antes del plebiscito de 2022.

"Una vez detenido, en la formalización queda claramente establecido que iba a haber 2 meses más de investigación para determinar un juicio. En concreto, llevo prácticamente 1 año y medio en prisión y aún no tengo el mínimo derecho a un juicio con mínimas garantías procesales. Recién se determino para marzo del próximo año", agregó Llaitul.

"El punto es que, desde que fui detenido, tengo la convicción de que todo el proceso está ya viciado y ha sido muy irregular. Primero, por el tiempo que se ha extendido mi prisión preventiva. En segundo lugar, la preparación de juicio tuvo bastantes dilataciones, obviamente, para favorecer la acusación y crear las condiciones para una eventual condena", manifestó además.

Remoción de la jueza Viviana García

El vocero de la CAM justificó su conclusión además con una serie de situaciones que avalan las irregularidades a las que se refiere, como es la remoción de la jueza de Garantía Viviana García, quien en un inicio había resuelto informar la identidad de los testigos "sin rostro" que usará la fiscalía y entre los cuales, varios serían representados por el abogado de una empresa forestal. "De hecho, la fiscalía y querellantes lograron sacar a la jueza de la causa, lo cual es un hecho inédito y sienta un muy mal precedente judicial. Se impuso a otra jueza que en los hechos acogió toda prueba y todo el argumento de la fiscalía", dijo Llaitul..

"A lo anterior se suma, que en el transcurso del proceso se fue ampliando la querella en mi contra a otros hechos, como el supuesto robo de madera y el delito de atentado contra la autoridad, de lo cual la prensa de derecha cubre con afán. Y es aquí donde surge la figura de los testigos protegidos lo cual finalmente se impone, junto con el ingreso de una serie de documentación y peritos que no estaban contemplados inicialmente", agregó el vocero de la CAM.

"Un ejemplo de esto son, los supuestos peritajes criminológicos para determinar un perfil en mi contra, que en el fondo pretende no solo contaminar al tribunal sino causar un efecto mediático de que soy "un terrorista" que estaría supuestamente aislado de la causa mapuche, prueba documental que nada tiene que ver con los hechos que se me imputan", explicó.

"Y lo último, es ésto de determinar que el juicio sea prácticamente 5 meses después de la etapa de preparación contraviniendo la norma que dice claramente que no debiera ser más allá de 60 días. Resulta necesario también denunciar que, la prensa oficial solo ha hecho eco de lo que dice la fiscalía, el gobierno y la derecha empresarial y oculta lo que verdaderamente está detrás de éste procesamiento", puntualizó Héctor Llaitul.

"Es por lo anterior que puedo afirmar sin temor a equivocarme de que mi juicio será esencialmente político, porque aquí lo que se pretende es enjuiciar y condenar una propuesta política para la liberación de la Nación Mapuche", sentenció el vocero de la CAM.

"Lo cual, por cierto es una expresión encarnada en una organización autonomista de la que soy parte, razón por la cual, siempre han querido armar y aplicar un nuevo tipo de legislación o jurisprudencia no solo para la criminalización sino para el exterminio de las organizaciones mapuche en resistencia. Así debe entenderse la persecución a las vocerías que representan la verdadera lucha territorial y autonómica, se persiguen las entrevistas, las opiniones vertidas, se persiguen las ideas fuerza del movimiento autonomista y revolucionario. Por lo tanto, estaremos en presencia de un juicio eminentemente de persecución política, ideológica y cultural al pueblo mapuche", puntualizó el vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco.

Sobre la fecha del juicio oral en su contra, aún no se resuelve si se acogerá la reposición interpuesta por su defensa, para que se realice dentro del plazo establecido en la legislación vigente, mientras debe permanecer en prisión preventiva.