"La privatización se mueve por intereses financieros y ahí se debilita el derecho al agua como derecho fundamental de supervivencia que impacta en el derecho a la salud, la vida, el trabajo, la integridad", manifestó la Comisionada de la CIDH Flávia Piovesan.
Chile y el Mundo25/03/2021
Yuliana Montiel
Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia pública sobre la desprotección del derecho al agua en Chile y el impacto que esto tiene en las poblaciones rurales, campesinas e indígenas.
Allí el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), Mujeres de Modatima, Mujeres en Resistencia, la Alianza Territorial Mapuche (ATM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresaron que en Chile conviven comunidades rurales e indígenas sin agua suficiente para beber, alimentarse, higienizarse y trabajar mientras que grandes industrias son dueñas del derecho de aprovechamiento del agua, las cuales sobreexplotan el recurso en sus actividades económicas e impactan negativamente gran parte del territorio.
"La Corte Interamericana ha establecido que el derecho humano al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana (…) Ha dicho, asimismo, que, para garantizar su protección, el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no como un bien económico", expresó la abogada de CEJIL, Andrea Pietrafesa para dar cuenta que el Estado chileno está incumpliendo tratados internacionales.
Por su parte, el representante Modatima, Camilo Mansilla Quiñones se refirió a los gastos en los que ha incurrido el Estado chileno para abastecer a las comunidades que no tienen acceso al agua y afirmó que "frecuentemente debe comprar agua para abastecer a las comunidades, gastando solo en un lapso de 6 años sobre 128 millones de dólares".
Dentro de los alegatos, señalan que Chile es el único en el cual el agua es jurídicamente considerada un bien privado que se puede comprar y vender en el mercado con fines de explotación económica, sin priorizar el acceso para el consumo humano, precisando que actualmente hay 138 comunas con decretos de escasez hídrica; 383.204 viviendas carentes de agua potable; el 48% de la población rural carece de fuentes formales de abastecimiento de agua y el 80% de las cuencas del país están sobre-otorgadas.
Asimismo, desde la sociedad civil expresaron que la equidad de género también se ve afectada en el acceso al agua. Al respecto la representante de Modatima Mujeres, Lorena Donaire expresó: "en el mundo rural 8 de cada 10 recolectores de agua son mujeres. Ellas cargan el peso de proveer agua a sus familias. Las mujeres siguen siendo el género oprimido en el acceso al agua".
Las personas defensoras del derecho al agua, a través de Manuela Royo, solicitaron a la CIDH que haga un llamado público a Chile a adecuar su marco normativo y regulatorio en conformidad con los estándares internacionales.
"La privatización se mueve por intereses financieros y ahí se debilita el derecho al agua como derecho fundamental de supervivencia que impacta en el derecho a la salud, la vida, el trabajo, la integridad", manifestó la Comisionada de la CIDH Flávia Piovesan.
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