
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Marcelo Trivelli, presidente de Fundación Semilla.
Opinión27/03/2021Con la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, ha vuelto a surgir una frase atribuida a Angela Mekel que habría pronunciado en su reunión con el presidente argentino Alberto Fernández en febrero del año pasado: “Uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada”. Si lo dijo la Cancillera alemana o no ya no es lo relevante. Hoy después de un año de pandemia es bien poco lo que se puede esperar de los ricos latinoamericanos.
La realidad, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentado en 2016, el 10% más rico posee el 71% de la riqueza y tributa sólo el 5,4% de su renta. En el caso chileno ese mismo grupo tributa un poco por sobre 11%, mientras que los más pobres que gastan la mayor parte de sus ingresos en consumo, que está afecto al impuesto al valor agregado (IVA) que actualmente es de 19%. Con esta regresiva estructura tributaria las brechas se van profundizando en vez de acortarse.
Escuchamos hace unos meses atrás algunas declaraciones aisladas de super ricos para que se instaure un impuesto a ellos, pero los gobiernos han sido renuentes a perseverar en esta línea a pesar de que hay varios proyectos de ley en diferentes parlamentos con propuestas para aumentar los ingresos fiscales por la vía impositiva o de royalties sobre materias primas.
La pandemia ha sido devastadora, pero ya hemos normalizado las estadísticas. Hemos dejado de ver que detrás de cada número hay una persona, una familia, una comunidad que sufre. Centenares de miles de muertos, millones de contagiados, miles de empresas cerradas y millones de empleos perdidos, millones de trabajadores de la salud y la educación sobre exigidos y estresados dando lo mejor de sí.
En toda Latina América se ha despertado la solidaridad en la base. En Chile, con su historia de organización territorial, la solidaridad se vive a diario en las ollas comunes que han sido la fuente de alimentación de quienes han perdido todo. Al igual que en los impuestos, son los grupos más pobres quienes soportan la mayor carga ya que han asumido el compromiso solidario de aportar a quienes más lo necesitan mientras las grandes fortunas se ufanan de haber contribuido con un par de millones de dólares que proporcionalmente a su patrimonio es despreciable.
En los próximos días nuestro país elegirá a los constituyentes que redactaran la Constitución que deberá ser ratificada o rechazada en un plebiscito. Sin duda que el tema tributario estará en el centro del debate. La actual Constitución señala su capítulo II, artículo 20°: “La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas”.
Las actuales leyes tributarias chilenas transgreden la Constitución porque que las cargas tributarias son inversamente proporcionales a las rentas, entonces, ¿qué podemos esperar del 10% más rico de nuestra sociedad? Poco podemos esperar de ellos. A lo más algunas migajas que queden sobre su mesa espléndidamente bien abastecida y servida para su disfrute.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La máxima autoridad regional llamó a dejar de lado las quemas agrícolas, reemplazándolas por costosos equipos incorporadores de rastrojo, sin ofrecer apoyo a los pequeños y medianos agricultores.
Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador de la República.
Marcela Castro Armijo, seremi de Educación, región de La Araucanía.
Ximena Sepúlveda, Ingeniera Civil Industrial, Magister en Desarrollo Humano Local y Regional. Ex seremi de Vivienda y Urbanismo.
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
$4.700.000 ganaría el gerente interino y $3.500.000 un operador político. Sin embargo, un "error" administrativo los dejó sin recursos para las remuneraciones de este año.
También culparon al gobernador regional René Saffirio. Exigen una operación sostenida para retomar el control de las "zonas fuera del Estado".
El delegado presidencial de La Araucanía desestimó así las acusaciones de la Multigremial, que denunció ayer que existen más de 12 mil hectáreas controladas por grupos violentistas.
Chile mantenía una tendencia a la baja en las tasas de incidencia, pero desde la pandemia de COVID-19 se ha observado un repunte tanto a nivel nacional como internacional.