Buenismo y exceso de confianza

Hace unas semanas la Comisión de Expertos ha dado inicio a su trabajo de elaboración de una propuesta de texto constitucional, el cual será insumo primordial que deberá ser discutido y votado por el futuro Consejo Constitucional.

Uno de los primeros avances fue la redacción de un índice que viene siendo la columna vertebral del cuerpo normativo que pretende erigirse como el contrato social básico de nuestra sociedad. 

Sin embargo, podemos apreciar un escenario de hastío y distancia por parte del ciudadano común, mientras tanto los políticos y una buena parte de la elite, se muestran confiados y, con un ánimo buenista que raya en la ingenuidad.

Muchos han creído que el triunfo de la opción rechazo, el 4 de septiembre y, la conformación de doce bordes para la elaboración de una carta fundamental, constituyen un mecanismo de garantía infalible que permitiría fraguar un texto constitucional con la fuerza y la templanza necesarias en aras del bien común, obviando frases desbordadas y refundacionales.

Demás esta decir que tales garantías no existen, ya que el desarrollo de los acontecimientos aún se encuentra en ciernes, restando todavía, un largo trecho que recorrer. Es por ello que resulta incomprensible como algunos se alejan de la política y, abandonan el sabio ejercicio de la argumentación y la dialéctica.

Aristóteles calificaba al ser humano como Zoon Politikon, cuyo significado literal es “animal político”, esta acepción surge para diferenciar al hombre de los otros animales, ya que las personas poseen la capacidad de relacionarse políticamente, es decir, crear sociedades y organizar la vida al interior de la polis. En consecuencia, todo aquel que se aparte de dicha noción, no solo avanza bajo la lógica de la desorganización y el caos, sino que se acerca peligrosamente a una existencia salvaje e inhumana.

Es por ello que, apenas iniciado el trabajo constitucional, no solo debemos preocuparnos de la lex artis, el cuidado de la redacción y las formas ceremoniosas de expresiones legales, sino que principalmente, por la noble tarea de la política, que constituye el alma y esencia de toda constitución.

Uno de los doce principios refiere que “Chile es un Estado social y Democrático de Derecho”. Para el ciudadano común, aquella frase resulta suficiente y plena de sentido republicano, no obstante, esta premisa puede ser comprendida desde una perspectiva de mayor presencia estatal, llegando a extremos como lo pretendía la ex Convención Constitucional, o bien, de la forma como lo explicaba el filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra el Leviatán, en tanto se describía a un estado de poder absoluto y omnipresente, comparándolo con el famoso monstruo bíblico. De igual manera, dicha premisa también puede comprenderse desde el otro extremo, en donde el estado cumple un rol diminuto, olvidando responsabilidades en el ámbito de los derechos sociales y entregándoselas al mercado.

Todas estas implicancias llevan sin duda alguna a plantearnos cual será el futuro modelo económico de nuestro país y, cuál será el ámbito de las libertades para emprender, en un marco donde el derecho de propiedad individual ha sido hasta la fecha, un pilar fundamental de nuestro desarrollo.

En el ámbito de los derechos indígenas, el escenario no es menos complejo, ya que, para disgusto de muchos, el convenio 169 de la OIT ya forma parte de la legislación nacional y, no requiere de consagración constitucional ni modificaciones legales. Además de lo anterior, ya no quedan excusas para no consagrar un reconocimiento constitucional para los pueblos originarios. Dado lo anterior, una de las instancias que asoma como propuesta para los consejeros constitucionales es la de una comisión que se encargue de resolver el problema de tierras. Por otro lado, la participación política, debiera convertirse en una realidad en la futura carta fundamental, ya sea a través de un padrón o registro electoral indígena.

En materia de derechos de agua, este aspecto no ha sido incorporado dentro de los doce bordes y, al parecer podría incorporarse dentro del capitulo de los derechos fundamentales, o bien, en el capítulo de Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y desarrollo. Las interrogantes y preocupaciones asoman entre los agricultores y productores de frutas, entre otros, ya que la propuesta anterior carecía de rigurosidad, seriedad y con graves falencias técnicas.

En materia medioambiental, los derechos de la naturaleza siguen siendo parte de los planteamientos y reivindicaciones de algunos sectores de izquierda, lo cual de seguro implicará un arduo debate que pondrá a prueba los quorum de votación y, en donde a esta fecha nadie puede anticipar quien tendrá la mayoría de votos, al momento de resolver controversias de tal envergadura.

Por último, el derecho a la consulta cuyos alcances y contenidos afectan directamente a los inversionistas y a la actividad extractiva de nuestro país, aun no logra delimitarse adecuadamente en el ámbito legislativo y, parte importante de las controversias son resueltas por los tribunales de justicia.

Sumado a todo lo anterior, se vislumbra un incierto escenario político cuyas aguas comienzan a agitarse por la conmemoración de los 50 años del régimen militar. Es por tales consideraciones que no resulta comprensible la pasividad y excesiva confianza de aquellos que se alejan de la política, cuya finalidad, según Sócrates, no es más que el de instaurar y mantener la virtud en las almas de los ciudadanos a través de cuatro valores cardinales: la justicia, la moderación, la valentía y la sabiduría.