La iniciativa busca establecer responsabilidades tanto de privados como del Estado en favor de las personas afectadas por su negligencia.
La Región17/06/2024
Equipo AraucaniaDiario
El presente proyecto se orienta, en términos generales, a conceder mayores facultades a las autoridades para agilizar la respuesta del Estado a los afectados y a contribuir a la reparación de los daños ocasionados por la ocurrencia de socavones, así como a regular la construcción en suelos que puedan colapsar o perder su capacidad de soporte.
En ese sentido, el diputado por la Araucanía, Jorge Saffirio Espinoza, señaló: "Este proyecto va en la línea correcta, pues establece responsabilidades de los profesionales que diseñen o ejecuten obras de construcción o infraestructura y sus redes. También de las empresas concesionarias de servicios sanitarios, quienes estarán obligadas a velar por la conservación efectiva de las redes de los servicios de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas, realizando mantenciones periódicas para asegurar su debido funcionamiento sin afectar los suelos a su alrededor."
Pero este proyecto también busca que el Estado se haga cargo de esta situación, "pues vemos con preocupación la lentitud que existe en la tramitación de los procesos administrativos relativos a la entrega de subsidios habitacionales para aquellas familias que han sido afectadas por socavones u otros fenómenos por suelo colapsable".
El proyecto instaura que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá reparar los daños en viviendas ubicadas en suelos que pueden colapsar, publicando un programa integral de reparación que incluye viviendas con permisos de edificación no vigentes. A su vez, la iniciativa también indica que las municipalidades tendrán la obligación de disponer de un catastro de los propietarios que presenten daños irreparables o reparables como consecuencia de estas situaciones, quienes luego de consultar con Senapred, podrán acceder a los subsidios para la compra de viviendas en arrendamiento, para reparación integral o parcial y otros que se vayan creando en virtud de la ley.
Esta iniciativa busca solucionar una problemática que aqueja a muchas familias en nuestro país en relación al hundimiento o derrumbe de sus viviendas a causa de socavones u otros fenómenos geológicos, situaciones que ocurren ante la falta de estándares y normas de construcción que se adapten adecuadamente a los suelos colapsables, como lo sucedido en la comuna de Viña del Mar. Concluyó el diputado por la Araucanía, Jorge Saffiro Espinoza.
Los suelos colapsables son aquellos susceptibles de acomodar muchas moléculas de agua, entre el material particulado que los componen, con el resultado de aumentar mucho su volumen y reducir la fricción entre partículas facilitando así el colapso de la arquitectura original.
En 1990 funcionaban más de 180 incineradoras de basura, hoy sólo quedan 63 operando y se siguen cerrando. Aquí el listado de plantas clausuradas.
El legislador resaltó la importancia de este proceso para la provisión de alimentos en la región y manifestó su compromiso en buscar una solución a esta situación.
Este 1 de abril la fundación de Alberto Hurtado inicia una activa campaña para sumar socios que contribuyan a fortalecer y aumentar los servicios de atención domiciliaria de personas mayores.
"Cuando se hace la paz, se hace la paz con los que están en guerra, ese es un principio elemental ... si uno conversa con los amigos, bueno, no conversa con nadie”, dijo.
La máxima autoridad regional es la primera en el país en declarar que este sistema de tratamiento de residuos sólidos es lo que se quiere hacer para la región.
$4.700.000 ganaría el gerente interino y $3.500.000 un operador político. Sin embargo, un "error" administrativo los dejó sin recursos para las remuneraciones de este año.
Los pequeños agricultores y comunidades mapuche no han podido quemar sus rastrojos para luego sembrar, debido al atraso de las autorizaciones de Conaf y el inicio del PDA.
En otra de las aristas del caso "Convenios", se investiga la asignación fraudulenta de recursos a particulares relacionados a autoridades o políticos.
Las palabras "F. Fisco", "Cohecho", "Delito", "Encubridor" y "Folab", entre otras, son las que se pueden leer en el elemento sacado ayer de la oficina por la PDI.
$4.700.000 ganaría el gerente interino y $3.500.000 un operador político. Sin embargo, un "error" administrativo los dejó sin recursos para las remuneraciones de este año.
El parlamentario de derecha es acusado por la fiscalía regional de haber ayudado a Rinett Ortiz a que se adjudicara el dinero que después defraudó.
