La presentación de los parlamentarios de Renovación Nacional Miguel Mellado, Jorge Rathgeb, Diego Paulsen y René Manuel García, busca que el ente contralor se pronuncie sobre la resolución de Gendarmería que permitió al gobierno negociar y dar beneficios al machi condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.
Política31/08/2020
Equipo AraucaniaDiario
De acuerdo a lo comunicado por los parlamentarios, es en el marco del rol fiscalizador que deben ejercer los legisladores, los diputados de Renovación Nacional; Miguel Mellado, Jorge Rathgeb, Diego Paulsen y René Manuel García, solicitaron a la Contraloría General de La República, pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución Exenta N°3925, que con fecha 29 de julio de 2020, aprobó disposiciones sobre aplicación del reglamento penitenciario, orientadas a la pertinencia cultural y religiosa de internos.
Estas disposiciones, fueron aprobadas, mientras condenados e imputados por delitos de violencia rural mantenían una huelga de hambre para lograr beneficios carcelarios, permitiendo con estos ajustes, que el gobierno pudiera negociar y entregar beneficios a Celestino Córdova, condenado a 18 años de presidio por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay.
"Encuentro impresentable que el Ministro de Justicia y su gente, negociaran con el asesino del matrimonio Luschinger Mackay, cambiando el reglamento penitenciario a fin de que ex-antes, arreglaran su traslado a un Centro de Educación y Trabajo", dijo Miguel Mellado.
"Esto hace tener presos de primera y de segunda, chilenos de primera y de segunda, y sobre todo indica que cualquier asesino que no ha mostrado arrepentimiento ni ha pedido perdón a la familia, tenga por el solo hecho de llevar una increíble huelga de hambre de 107 días, el premio de ir a mejores condiciones penitenciarias relajando el reglamento expresamente para ellos", señaló el diputado.
La presentación indica entre sus puntos, que la resolución de Gendarmería es; "una norma de rango inferior, dictada por un Jefe de Servicio, que pretende fijar el alcance de un reglamento que solo puede dictar el Presidente de la República en base a sus competencias constitucionales y en tanto jerarca de la Administración del Estado", explicó.
Actividades educativas
Por otra parte, la resolución establece que la asistencia a actividades educativas, no será una exigencia para que la población indígena privada de libertad, pueda optar a beneficios. La medida, fue cuestionada por el diputado Miguel Mellado, quien sostuvo: "la asistencia a clases es una exigencia de buena conducta para todos los reos que quieren optar a beneficios como permisos de salidas o libertad condicional, sin embargo, hay al parecer un grupo privilegiado, que puede no querer ir a la escuela e igual optar a beneficios. Nos parece que esto va contra el principio de igualdad y da cuenta de que el gobierno se pone de rodillas ante asesinos y terroristas".
"Lo mismo sucede con las postulaciones a los CET, es decir que, con esta resolución arbitraría de Gendarmería, quien tenga una calidad étnica distinta a la de cualquier chileno, puede postular aún cuando no cumpla el requisito de buena conducta que rige para todos los internos", dijo el diputado.
"Lamento que el gobierno lleve a un asesino a un hotel 5 estrellas, pavimentando el camino relajando medidas, por el solo hecho de haber tenido un récord mundial de huelga de hambre, es un mal precedente y esperamos que la Contraloría se pronuncie", puntualizó Mellado.
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