El parlamentario de derecha es acusado por la fiscalía regional de haber ayudado a Rinett Ortiz a que se adjudicara el dinero que después defraudó.
El parlamentario desaforado quedó en libertad ayer tras pagar una fianza de $40 millones, decisión que la fiscalía regional apelará buscando hacer que vuelva a la cárcel de Temuco.
Las partes quedaron así a la espera de la fecha para la preparación del juicio oral, donde se acusa al parlamentario -hoy desaforado- de fraude al fisco reiterado.
El parlamentario desaforado permanece en la cárcel de Temuco luego de ser formalizado en la arista Manicure del caso Convenios en La Araucanía.
El parlamentario criticó que los mismos fiscales que lo investigan estén acusados de torturas o que hayan concurrido a pedir recursos al GORE y no estén siendo investigados.
La jueza de garantía Leticia Rivera justificó la medida cautelar más gravosa y dictaminó que el parlamentario deberá ingresar a un centro penitenciario.
El parlamentario está imputado por la fiscalía por haber recibido el pago de una deuda con recursos del GORE, de lo cual se autodenunció el año pasado.
Luego de que el parlamentario dejara al abogado Carlos Tenorio, la jueza de Garantía le concedió tiempo a su nuevo defensor para estudiar la causa que tiene miles de páginas.
El parlamentario fue desaforado por la Corte Suprema y podrá ser enjuiciado por su presunta participación en el fraude al fisco que habría cometido Rinett Ortiz y su hermano Juvenal.
El parlamentario, desaforado por la Corte Suprema, hizo un video para quienes votaron por él, donde manifiesta que demostrará su completa y absoluta inocencia.
El máximo tribunal del país rechazó la apelación del abogado Carlos Tenorio y el parlamentario podrá ser formalizado en la investigación a las fundaciones Folab y Educc.
El parlamentario de La Araucanía recurrió ante la Corte Suprema por la decisión del tribunal de Alzada que podría dejarlo sin poder asistir al Congreso mientras es investigado.
La docente del colegio particular George Chaytor de Temuco ya habría sido desvinculada y fue apercibida, quedando en libertad.
Docentes acusan además, que el centro de formación técnica estatal tiene más de 20 demandas laborales en los tribunales de la región.
El director nacional Álvaro Morales repudió la "expresión de violencia entre funcionarios" e interpuso una denuncia penal, resguardando las imágenes de las cámaras del lugar.
La Contraloría detectó que miles de funcionarios públicos viajaron fuera de Chile mientras estaban haciendo uso de una licencia médica por enfermedad.
El ministro Mario Marcel dijo que se busca ahorrar recursos y que los beneficios respondan mucho mejor a lo que son las necesidades de la ciudadanía.
