El proyecto de ley prohíbe el corte de servicios básicos durante la emergencia sanitaria, entre los que cuenta el servicio de internet y telefonía, asegurando el acceso de estudiantes e instituciones educacionales.
Política12/06/2020
Yuliana Montiel
El pasado miércoles en sesión de sala del Congreso, se aprobó la iniciativa que prohíbe a las empresas suspender los servicios básicos por no pago debido a la crisis originada por el coronavirus. Esto incluye, empresas proveedoras de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía e internet.
El diputado Miguel Mellado (RN) destacó la iniciativa, que además permitirá a los clientes optar por postergar el cobro de las deudas por consumos de servicios básicos que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta los noventa días posteriores a la publicación de la ley, mientras que las empresas deberán prorratear las deudas en las cuentas en los 12 meses siguientes a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses. "Es una buena noticia para las familias más vulnerables, pero también para pequeñas empresas y otras instituciones sin fines de lucro que podrán adscribirse a este beneficio", manifestó el parlamentario.
"Discutimos durante varios días en comisión mixta este proyecto, donde puse especial énfasis a poder asegurar el servicio de internet a estudiantes e instituciones educacionales, para garantizar la continuidad de sus clases. Ahora los estudiantes de establecimientos educacionales de enseñanza parvularia, básica, media y superior, que pertenezcan al 60% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares, podrán solicitar a la empresa la aplicación del plan solidario de conectividad. Además las empresas deberán ofrecer a las instituciones de educación planes especiales de datos para focalizar en sus alumnos", detalló Mellado.
Según consta en la iniciativa, los clientes residenciales también podrán optar al beneficio, tengan estos contratos fijos o de prepago de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, solicitando al proveedor el cambio transitorio de su contrato, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad, sin costo y que no importe cambio numérico, por un plazo de tres meses.
El parlamentario destacó además el acceso de adultos mayores y pequeñas empresas a este beneficio. "La situación actual es compleja para muchos chilenos, que requieren de la continuidad de los servicios, y que ahora podrán reorganizar sus cuentas. Personalmente continuaré trabajando para descomprimir la presión económica que ha generado la crisis sanitaria a las familias", manifestó Mellado.
El proyecto indica que para acceder a los beneficios, quienes lo soliciten deben a encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares, tener la calidad de adulto mayor, estar percibiendo las prestaciones del seguro de desempleo, ser trabajador independiente o informal no comprendido expresando mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de sus ingresos.
La negativa de la empresa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la subsecretaría, superintendencia u organismo fiscalizador.
El parlamentario criticó que algunos sectores lo ven con “calculadora en mano” y llamó al Senado a “estar a la altura” por el bien del país, más que reflejar intereses de sectores.
La parlamentaria señaló que entre las 40 horas, el sueldo mínimo y este proyecto, se termina de reventar a los pequeños empresarios.
“No puede ser que carabineros vaya solo a operativos riesgosos, si por algo estamos en estado de excepción. Acá, algo no está funcionando", dijo el parlamentario.
El nuevo costo afectará principalmente a pequeños empresarios y emprendedores que contratan a pocos trabajadores. Una parte sería administrada por el Gobierno.
El exalcalde dijo que la reforma no la pagarán los “empleadores”, la pagará la gente de a pie con el aumento de los costos, peores empleos e informalidad laboral.
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Este producto sirve para mitigar el polvo en suspensión que genera el alto tránsito vehicular, siendo muy valorado por vecinos y turistas.
Pese al compromiso adoptado de mantener el prestigioso centro de formación técnica, la Superintendencia de Educación confirmó el cierre del establecimiento.
Las isapres y Fonasa quedarán exentas de pagar el 8,5% de la remuneración del trabajador que tome licencia médica y se obligará al empleador.
Vecinos interpusieron un recurso de protección debido al daño ocasionado al medio ambiente, flora y fauna del lugar.
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