Deber de repudio

Los consejeros constitucionales comenzarán el próximo 7 de junio una labor que la ciudadanía aprecia con desconfianza y desarraigo. Tal circunstancia implica una doble responsabilidad y, un mayor compromiso con la democracia y el estado de derecho.

La democracia exige como requisito sine quanon, no solo el respeto por los resultados electorales, sino que un profundo e irrestricto apego con los valores de la paz, los derechos esenciales, la constitución política y las instituciones que la conforman. 

Dada cada una de esas premisas, emerge un deber ineludible, cual es, el repudio categórico de la violencia y el uso de las armas como instrumentos para alcanzar el poder político y, desestimar todas aquellas acciones que atenten contra la vida, la integridad, la libertad y los derechos esenciales del ser humano.  

Los niveles de violencia y destrucción que vemos cotidianamente en la macrozona sur constituyen verdaderos hitos de emplazamiento a los consejeros electos, toda vez que serán ellos los responsables de elaborar un nuevo texto constitucional. La interrogante que surge de manera natural es, ¿cuál el grado de adhesión que presentan las autoridades electas con los valores democráticos? ¿son contestes en el repudio de la violencia, el uso de las amas y el terrorismo? una postura contraria no solo sería acción de desprecio hacia las víctimas, sino que una visión que le resta credibilidad y legitimidad al proceso constituyente.

En tal sentido, nos preguntamos, si la presidencia del futuro consejo constitucional emitirá una declaración expresa en el sentido antes indicado, o bien, replicarán las palabras cómplices o encubridoras en favor de los grupos extremos, o guardaran silencio tal como lo hizo la ex convención constitucional.

Los consejeros indígenas electos, no pueden mantenerse ajenos a este deber de repudio, toda vez que conocen perfectamente la realidad de los derechos que le asisten a los pueblos originarios y, los actos de violencia que se vinculan con las reivindicaciones territoriales. 

La nueva carta fundamental debe contener un cuerpo normativo que nos brinde certeza jurídica, garantizando de manera estable el futuro esplendor de las nuevas generaciones. La paz y el sentido de unidad deben constituir el alma de nuestro país en donde no haya espacios para el desencuentro y la destrucción. 

Ser la copia feliz del edén es el telos de la labor del futuro consejo constitucional, es por ello, que este deber de repudio se convierte en un requisito de la actividad democrática.

El 7 de mayo no habrá representantes indígenas electos