Además y luego de una exhaustiva auditoría realizada a 7 fundaciones -entre ellas Educc y Folab- el ente contralor no detectó acciones que pudieran configurar algún delito. De la serie de observaciones que mantuvo, se otorgó plazo para su regularización.
La Región13/11/2023
Equipo AraucaniaDiario
Fue el 9 de noviembre de 2023, que la Contraloría General de la República evacuó su informe final número 684-A, sobre primeros resultados de la auditoría a las transferencias efectuadas en el marco del subtítulo 33, del Gobierno Regional de La Araucanía, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de julio de 2023, "extendiéndose a otros períodos en la medida que sea necesario".
En el citado informe, si bien es cierto se detectan observaciones que califica como "AC" (Altamente Complejas) y "C" (complejas), también se determinaron otras que se consideraron como "MC" (Medianamente complejas) y "LC" (Levemente Complejas); ninguna de estas, sin embargo, dio como resultado que la Contraloría General de la República remitiera los antecedentes al Ministerio Público ni detectara posibles delitos, debiendo solucionarse todo administrativamente.
Asimismo, ninguna observación originó la devolución de dineros o algún juicio de cuentas a los funcionarios del Gobierno Regional, solicitándose a lo sumo la realización de sumarios administrativos por parte del GORE.
Siendo uno de los temas más mencionados y denunciados por los parlamentarios, quienes han criticado públicamente las asignaciones directas que pueden hacer los Gobiernos Regionales (de todo el país), en la auditoría realizada por a Contraloría General de la República en La Araucanía, este ente contralor reconoció la legalidad y facultad que tiene el Gobierno Regional de La Araucanía para realizar estas asignaciones, lo que les está facultado por Ley.
"Al respecto, cabe señalar que, de los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que los convenios de transferencia de que se trata han tenido como fundamento la respectiva asignación presupuestaria nominativa en que se establecieron los ejecutores de cada una de las iniciativas, conforme a las facultades que el legislador presupuestario otorgó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a los gobiernos regionales y a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda", agrega la Contraloría.
"En efecto, las leyes de presupuestos de los años 2022 y 2023, en los numerales 5.1. y 7.1, de los programas de inversión regional de los gobiernos regionales, respectivamente, han dotado de manera expresa a las referidas autoridades de la atribución de asignar los recursos financieros del Estado mediante actos que modifican la ley presupuestos, incorporando nominativamente a sus destinatarios sin exigir la concursabilidad de aquellos", puntualiza además.
Insólito es además, que hayan sido los propios parlamentarios -diputados y senadores- los que permitieron expresamente a través de la ley de Presupuestos, estas "asignaciones directas" que ahora critican con gran entusiasmo.
"Como se advierte, en la situación en estudio es el propio legislador quien ha otorgado la facultad de modificar el presupuesto de los gobiernos regionales sin establecer el concurso público como mecanismo de selección de los receptores ... En este contexto, tratándose de asignaciones creadas nominativamente por la autoridad competente conforme a la habilitación legal señalada, no resulta exigible el procedimiento concursal, de manera que se levanta la observación formulada", concluye la Contraloría, no sin advertir que se debiera realizar algún tipo de selección, lo que en todo caso, no es exigible por la legislación.
"Sin perjuicio de lo anterior, es necesario constatar que estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacción de las necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y vele por su respectiva idoneidad", manifiesta la Contraloría.
En las 70 páginas del informe final evacuado, la Contraloría General de la República, como ente especializado en temas administrativos y legales de los órganos del Estado, no menciona ni advierte situación alguna que pueda indicar la comisión de algún delito y de hecho, tampoco deriva algún antecedentes al Ministerio Público, que es lo habitual en estos casos cuando el ente contralor detecta acciones u omisiones que pudiesen constituir algún hecho penado por la Ley.
Es más, en el informe de la Contraloría al GORE Araucanía sólo se constatan faltas administrativas y eventuales vacíos en la legislación actual, para los cuales de da plazo -los primeros- y se sugiere elaborar procedimientos y manuales, cuya legalidad incluso podría estar en cuestionamiento, en su aplicación "para atrás".
Dentro de la auditoría realizada, la Contraloría detectó que en dos fundaciones parte de los directores eran funcionarios públicos, en otras regiones y en servicios distintos al GORE de la Araucanía. "Sobre el particular, de las indagaciones efectuadas a través del Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado -SIAPER- de esta Contraloría General, a los directivos de las organizaciones sin fines de lucro que suscribieron convenios con el GORE de La Araucanía, se estableció que don "XX" (se tacha el nombre), que cumple el rol de socio de la Fundación Educacional Alihuen Consultores, fue funcionario del Gobierno Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en distintas dependencias, desempeñando el cargo de Jefe de División desde el 1 de febrero de 2017 al 15 de mayo de 2018", informa la Contraloría..
"Por otra parte, se constató que los socios de Fundación Local, señores "XX", desempeñan funciones en distintos Servicios Públicos, el primero como profesional, del Servicio de Impuestos Internos en la Región Metropolitana, desde 23 de marzo de 2012 a la fecha, y el segundo como administrativo del Ministerio Público, específicamente en la fiscalía regional de Valparaíso desde el 6 de mayo de 2010 a la fecha", agrega el informe, sin que eso naturalmente pueda ser reprochado ni a cualquier GORE, ni a las fundaciones mismas.
Finalmente se adjunta el informe, pero cabe señalar que en varios casos por solicitud del GORE Araucanía se devolvieron recursos y en otros, fue el propio Gobierno Regional el que inició acciones legales en contra de las fundaciones que no cumplieron, como es el caso de Folab y Educc, donde incluso su representante se encuentra en prisión preventiva.
Ver informe aquí: UCE IX - Oficio final de auditoría N°684-A de 2023 GORE La Araucanía.pdf.
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