Los ediles abordaron diversas temáticas y entre ellas, la seguridad, ante la ola de violencia que se vive en la macrozona sur, justo cuando se aprobó extender nuevamente el Estado de Excepción "acotado".
Fue en el primer encuentro que sostuvieron los ediles de Cautín y Malleco con el General Edward Slater, que se habría notado la ausencia de algunos jefes comunales por un presunto miedo a transitar.
Alfonso Coke señaló que conversó con el gobernador regional para solicitarle que en otra oportunidad le comunique primero a él para hacer las consultas previas a todos los alcaldes.
Dos maquinarias forestales y dos containers fueron totalmente consumidos por las llamas en el Fundo Quintrilpe, luego del ataque de sujetos encapuchados y armados.
La fiscal Vania Arancibia confirmó que se agruparon todas las denuncias que tiene el edil Alfonso Coke por presunto abuso sexual, por besar a la fuerza a las funcionarias afectadas y tocar a una en sus partes íntimas.
Serían a lo menos cuatro las funcionarias municipales que se querellaron en su contra por presuntos abusos sexuales y mediante un comunicado el alcalde respondió a la investigación penal en su contra.
Sin embargo, dice que una de las víctimas habría "logrado grabar insinuaciones del alcalde, en donde presuntamente le pedía besos".
Se confirmó que la denuncia fue presentada y declarada admisible. En tanto las otras tres eventuales querellas aún no han llegado al entre persercutor.
Hasta el momento serían tres las denuncias presentadas por las eventuales víctimas que acusaron haber sido abusadas sexualmente por el presidente de la AMRA.
Desde La Araucanía se realizó una consulta ciudadana a manos del Gobernador Regional y la Asociación de Municipalidades de la región para llevar una opinión mayoritaria al Congreso. Si hoy el Parlamento no se pronuncia, la medida se prorrogaría automáticamente.
Luciano Rivas planteó la necesidad de “escuchar la voz de la región” antes de que el Congreso defina extender o no el decreto presidencial que vence el próximo 11 de noviembre. Una junta electoral estaría a cargo de la transparencia del proceso.
