
Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Carmen Gloria Aravena, senadora Independiente.
Opinión18/12/2020
Yuliana Montiel
El proyecto presentado por senadores de la oposición para indultar a los detenidos del estallido social, no sólo es cuestionable, puesto que en Chile no hay presos políticos, sino que además es una pésima señal en un país donde impera el estado de derecho.
Éste implica que todos los chilenos, sin distinción, estamos sujetos a leyes que fijan límites a nuestras acciones, por lo que debemos respetar la normativa y someternos a las sanciones penales que se establezcan por conductas que atentan contra nuestras leyes.
Estar a favor de la extinción de responsabilidad penal, sería estar dispuestos a olvidar, sin siquiera esperar el resultado de las investigaciones que correspondan, indicando que como sociedad estamos dispuestos a aceptar este tipo de conductas, las que muestran una irreverencia ante la autoridad y frente a nuestros propios compatriotas, sin importar el daño provocado.
Si estuviésemos dispuestos a indultar a más de 5 mil detenidos, ¿Quién responde por las 25 estaciones del Metro vandalizadas?, ¿Qué le decimos a las 14 mil pymes que sufrieron saqueos? o ¿Quién se hace cargo de los más de US$1.400 millones de pérdidas en infraestructura? La mal llamada “revuelta social” no puede terminar sin sanciones penales.
Según cifras oficiales, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos durante las manifestaciones del 18 O, de las cuales 648 personas se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio correspondiente y un total de 725 detenidos cumplen una condena.
El llamado que debemos hacer como autoridades de una república democrática, según el artículo 4 de nuestra Constitución, es respetar la labor de nuestros fiscales y tribunales, que deben determinar cuál es la responsabilidad de esas personas, así como también los tiempos e independencia del Poder Judicial, dada la complejidad de los hechos acontecidos.
En Chile no hay presos políticos, porque no hay ninguna idea que pueda defenderse tras una bomba molotov, saqueos o ataques a locales comerciales, cuarteles policiales e Iglesias que han sido impunemente vandalizadas e incendiadas en nuestro país. En un país civilizado no es necesario destruir para expresar ideas o movilizarse.
Este proyecto busca justificar la violencia inusitada que tuvimos que enfrentar en Chile, puesto que, si un indulto de esta magnitud se concretara, le estaríamos diciendo a los chilenos que no sólo pueden salir a manifestar su opinión, sino que también podrán provocar daños, sin tener que responder por aquello.

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Rodrigo García, director Unidad Comercial de Syngenta Andinos (Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela).

Ricardo Barría Dillems, ingeniero comercial, magister en comunicación. Editor de AraucaniaDiario, miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Chris Pefaur, Nutricionista.

Roberto Carvajal, Director Escuela de Contador Auditor Universidad Andrés Bello.

Por Nicole Revillot, Country Manager de TUU by Haulmer.

Aunque el Gobierno es del Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli exigen cargos en las seremías más importantes de la región.

La Municipalidad lacustre realizó un trabajo coordinado con los vecinos del sector, quienes valoraron la labor realizada en una bajada de 33 metros, con escalera, pasamanos y roca compactada.

Justifican el plazo de casi medio siglo con trabajos que nadie pidió y sin consultar a la comunidad. Lo normal son 11 años y hasta 23, como la concesión actual.

Sandoval llamó a exigir compensaciones territoriales reales y vinculantes frente al impacto que dejará fuera del trayecto a las ciudades de Freire y Pitrufquén, con nuevos bypasses.

Criticaron además la difusión de un video donde la empresa responsabiliza al trabajo agrícola de la interrupción del suministro, debido a un accidente puntual en Vilcún.