Indulto a detenidos del 18 O: Pésima señal legislativa

Opinión 18 de diciembre de 2020 Por Yuliana Montiel
Carmen Gloria Aravena, senadora Independiente.
Senadora Carmen Gloria Aravena
Senadora Carmen Gloria Aravena

El proyecto presentado por senadores de la oposición para indultar a los detenidos del estallido social, no sólo es cuestionable, puesto que en Chile no hay presos políticos, sino que además es una pésima señal en un país donde impera el estado de derecho.

Éste implica que todos los chilenos, sin distinción, estamos sujetos a leyes que fijan límites a nuestras acciones, por lo que debemos respetar la normativa y someternos a las sanciones penales que se establezcan por conductas que atentan contra nuestras leyes.

Estar a favor de la extinción de responsabilidad penal, sería estar dispuestos a olvidar, sin siquiera esperar el resultado de las investigaciones que correspondan, indicando que como sociedad estamos dispuestos a aceptar este tipo de conductas, las que muestran una irreverencia ante la autoridad y frente a nuestros propios compatriotas, sin importar el daño provocado.

Si estuviésemos dispuestos a indultar a más de 5 mil detenidos, ¿Quién responde por las 25 estaciones del Metro vandalizadas?, ¿Qué le decimos a las 14 mil pymes que sufrieron saqueos? o ¿Quién se hace cargo de los más de US$1.400 millones de pérdidas en infraestructura? La mal llamada “revuelta social” no puede terminar sin sanciones penales. 

Según cifras oficiales, la Fiscalía ha formalizado a un total de 5.084 personas por diversos delitos cometidos durante las manifestaciones del 18 O, de las cuales 648 personas se encuentran en prisión preventiva a la espera del juicio correspondiente y un total de 725 detenidos cumplen una condena.

El llamado que debemos hacer como autoridades de una república democrática, según el artículo 4 de nuestra Constitución, es respetar la labor de nuestros fiscales y tribunales, que deben determinar cuál es la responsabilidad de esas personas, así como también los tiempos e independencia del Poder Judicial, dada la complejidad de los hechos acontecidos.

En Chile no hay presos políticos, porque no hay ninguna idea que pueda defenderse tras una bomba molotov, saqueos o ataques a locales comerciales, cuarteles policiales e Iglesias que han sido impunemente vandalizadas e incendiadas en nuestro país. En un país civilizado no es necesario destruir para expresar ideas o movilizarse.

Este proyecto busca justificar la violencia inusitada que tuvimos que enfrentar en Chile, puesto que, si un indulto de esta magnitud se concretara, le estaríamos diciendo a los chilenos que no sólo pueden salir a manifestar su opinión, sino que también podrán provocar daños, sin tener que responder por aquello.

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