La entidad manifestó que el veto a la ley de Usurpaciones solo favorece a quienes apoyan o facilitan la acción de delincuentes y terroristas, desprotegiendo a la gente honesta y contraviniendo a la mayoría democrática de los parlamentarios y ciudadanos del sur.
Desde la organización señalaron que es la justicia la que debe determinar si los detenidos eran la cúpula de la Resistencia Mapuche Lafquenche o simples ladrones de madera, y que el ministerio del Interior busca instalar una supuesta desarticulación del terrorismo que no es tal.
Los empresarios señalaron además que el Gobierno es un "cómplice pasivo" que otorga inmunidad y margen de acción a grupos delictivos violentos.
Agrupación afirma que son más de 630 las usurpaciones registradas en los últimos 4 años. Aprobar indicaciones equivaldría a dejar impunes estos delitos.
"¿las autoridades responsables del Estado de Excepción y de la seguridad no pudieron anticipar los hechos? ¿existen detenidos? ¿existió algún grado de respuesta oportuna?", preguntaron abiertamente.
Llamaron a las autoridades políticas y policiales a cambiar la estrategia de seguridad, para así anticiparse a los hechos de violencia o detener a los autores.
Desde la asociación de empresarios señalaron que los ciudadanos honestos no tienen por qué seguir soportando este flagelo y vivir condicionados por delincuentes y por la acción débil e ineficaz de las autoridades.
Además, exigieron que las autoridades del Estado en su conjunto se comprometan a ejecutar acciones concretas que brinden protección a nuestras policías y les otorguen las atribuciones que se requieren para cumplir con su trabajo.
Mientras la intencionalidad en la Región del Maule alcanza al 10%, en las Regiones del Biobio y De la Araucanía alcanzan 67% y 57% respectivamente. Asimismo, los ataques incendiarios y ataques armados en la Macrozona Sur se mantienen en niveles similares en el periodo Enero y Febrero durante los últimos tres años, con 36 en el 2021, 29 en el 2022 y 33 en el 2023.
Multigremial de La Araucanía declara que se ha avanzado, pero aún queda mucho para erradicar la violencia, y llama a las autoridades a redoblar los esfuerzos y perfeccionar e intensificar las medidas que han mostrado resultados.
En 2022 ocurrieron 15 homicidios en la Macrozona Sur vinculados a la violencia y el terrorismo. Se trata de la cifra más alta desde que comenzaron los atentados incendiarios en la comuna de Lumaco en 1997.
Según los empresarios este tipo de decisiones tienen cansada a la opinión pública y por lo mismo, instituciones como el Congreso y la Justicia están dentro de las peor evaluadas.
