El carabinero se encuentra formalizado como único autor de la muerte del adolescente, ocurrida en noviembre del 2002 en la comuna de Angol y el fallo de la Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, el pasado 9 de abril.
El requerimiento apunta además al ministro de Salud Jaime Mañalich y al director del hospital regional de Temuco, Heber Rickenberg, por la negación a realizar exámenes que permitieran diagnosticar el contagio de Coronavirus por parte de la secretaria regional ministerial, a los equipos de prensa que asistieron a sus conferencias. Además, se demanda el establecimiento de protocolos para la realización de puntos de prensa, entre otros.
200 millones de pesos deberá pagar el Fisco como indemnización al padre de la ciudadana estadounidense Erica Hagan, la psicóloga asesinada al interior del colegio Bautistas de Temuco.
Los abogados integrantes integran los tribunales de alzada, cuando por ausencia o inhabilidad de alguno de sus ministros titulares las salas quedan sin el número de jueces necesario para el conocimiento y resolución de los procesos. Son designados por el Presidente de la República, previa terna formada por la Corte Suprema.
La primera sala del tribunal de alzada regional rechazó ayer el recurso de apelación presentado por la defensa del coronel de Carabineros en retiro Marco Treuer Heysen, por el ilícito perpetrado en el fundo Santa Alicia, comuna de Angol, en noviembre de 2002.
El alcalde se mostró satisfecho con el resultado de la formulación de cargos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en contra de la CGE. Dijo que esto servirá de antecedente para la demanda colectiva que presentarán como municipio.
La jueza Alejandra García Bocaz presentó una licencia médica para cuidar a su hijo de 12 años que se encuentra con un delicado estado de salud, a la espera de una cirugía en la UCI Pediátrica de la Clínica Santa María en la región Metropolitana. Incluso han solicitado 100 dadores de sangre. Su empleador se ha negado a cancelar el subsidio, no obstante que en el sector público existe un convenio donde es el empleador quien paga las licencias al funcionario y a la vez, le cobra al organismo de salud las licencias ya pagadas.
La determinación, según indicó su dueña, es temporal hasta dar cumplimiento con las exigencias que la ley contempla. El recurso fue presentado por la utilización de la vía pública como estacionamiento y parte del taller mecánico.
