La Multigremial de La Araucanía advirtió que, aunque los atentados disminuyen, los homicidios y homicidios frustrados aumentan con brutalidad.
La entidad a la que pertenece el excomisionado Sebastián Naveillán -quien no suscribió el informe- manifestó que es urgente cambiar la ley Indígena.
También culparon al gobernador regional René Saffirio. Exigen una operación sostenida para retomar el control de las "zonas fuera del Estado".
"Rectificaron tarde y al borde del desastre", manifestaron al cumplirse tres años de mandato del Presidente de izquierda.
A través de una página creada en Facebook hace tres meses, un supuesto movimiento "ambientalista" es usado como referente a favor de WTE Araucanía.
Los empresarios señalaron que ha ocurrido un incidente cada tres días, lo que demuestra que la situación sigue siendo crítica y que las familias están expuestas a un constante peligro.
Hugo Alcamán señaló que la iniciativa de los empresarios de La Araucanía se interpreta como un desahucio a la Comisión por la Paz y el Entendimiento.
Si bien la entidad reconoció baja en atentados y hechos de violencia, destacaron la violencia de los que se han registrado, con muertes de Carabineros.
Según la agrupación de empresarios este es un paso decisivo para recuperar la paz y la tranquilidad en La Araucanía.
La organización ambientalista calificó de "vergonzosa" la declaración de los empresarios y que adolece de varias "mentiras", como por ejemplo, que solo quemarán “basura no reciclable”, que se generarán 300 empleos o que producirán “energía eléctrica limpia”.
El informe de la Multigremial de La Araucanía detalla que esta región y Los Ríos son las regiones en donde la violencia sigue aumentando a pesar del Estado de Emergencia “Acotado”.
La entidad gremial propone ampliar el Estado de Emergencia para asegurar el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías durante sus procedimientos.
Los datos surgen del nuevo informe del Impacto del Estado de Emergencia Acotado en la Macrozona Sur que compara los 107 días que lleva la medida actual con los 107 días iniciales del Estado de Emergencia decretado por el ex presidente Sebastián Piñera.
Se refirieron a la detención de Héctor Llaitul, quien se mantiene cumpliendo la prisión preventiva en La Región del Biobío y este miércoles fue detenido su hijo.
Desde el gremio acusaron que el comunero es el "líder de una organización terrorista" que lleva operando más de 25 años en La Araucanía y que ha expandido sus redes criminales hacia otras regiones como la región de Biobío y Los Ríos. Temen por su permanencia en La Araucanía.
Desde la entidad regional señalaron que el Estado de Emergencia “Acotado” necesita ser revisado y pasar a un enfoque de mayor proactividad para desarticular los grupos violentos.
Dirigentes gremiales recogieron la información entregada por organismos internacionales respecto del escenario agroalimentario, que se suma a la violencia rural, cuyo sector está "desprotegido por el Estado de excepción acotado”.
El gremio que agrupa a los sectores productivos recordó que el presidente Gabriel Boric no ha visitado La Araucanía y que existe una inercia legislativa donde hay 7 proyectos de ley de seguridad que llevan más de 841 durmiendo en promedio en el Congreso.
Tras los atentados que terminaron con diversos cortes en la Ruta 5, desde la asociación gremial afirmaron que el Estado de Excepción acotado es insuficiente para combatir la violencia que tiene de rodillas a los habitantes de la macrozona sur.
El presidente de la Multigremial valoró la decisión del gobierno de extender el plazo de la medida, pero señaló que se podría pasar de un Estado de Emergencia “acotado” a uno “robusto” que permita “desarticular a las redes terroristas".
Destacan la solicitud de un “Estado de Emergencia real” para la seguridad de la Macrozona Sur, un plan para desarticular a las redes terroristas y una reforma profunda a la ley indígena.
La asociación de gremios productivos de la zona también solicitó dar suma urgencia a los siete proyectos de ley que duermen desde hace más de 800 días en el Congreso y querellarse contra el vocero de la CAM, Héctor Llaitul.
Quienes firmaron la carta enviada a los políticos del país representan a las empresas y familias trabajadoras que han sufrido las consecuencias de la “crisis de seguridad más grande de los últimos 25 años en el sur de Chile”.
Se busca fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, entregando herramientas concretas a quienes liderarán este cambio.
En un proceso de consulta indígena dirigentes de la Mesa Territorial se percataron que se les pretende cobrar por transitar entre Collipulli, Ercilla y Victoria.
Adhirieron a su campaña y dieron a conocer sus propuestas en política indígena, respeto de la dignidad, paz social y seguridad en la Macrozona Sur.
El sujeto lo habría llevado además a su departamento, donde le habría realizado tocaciones. El Municipio hizo las denuncias ante la PDI y la fiscalía.
El Gobierno reconoció que la construcción del dique para cerrar el afluente del lago Caburgua, es para resguardar el cauce a quienes tienen derechos.
